Los acreedores de Sacresa en Baleares así como el resto a los que adeuda la empresa tienen hasta el 1 de octubre de plazo para reclamar el importe que les debe la inmobiliaria que el pasado mes de julio se declaró en concurso con una deuda de 2.634 millones de euros, constituyéndose como el tercero de la historia empresarial española, tras los de las inmobiliarias Martinsa (con un pasivo de unos 7.000 millones) y Habitat (2.800 millones).

En el caso de las islas, se han visto afectados Nadal Carbonell Notarios Asociados, con una deuda de 250.000 euros; el empresario Julián Antonio Montada Segura, con 9.090 euros; la procuradora María Elena García San Miguel, con 3.400 euros, y Pedro Mayol Homar, de Mayol Organización, con 1.560 euros, de acuerdo al listado que presentó Sacresa cuando a finales de junio pidió entrar en concurso, al que ha tenido acceso Europa Press.

Ahora la administración concursal debe actualizar las cifras ya que desde entonces la deuda podría haberse incrementado de forma visible, según las fuentes consultadas implicadas en el proceso concursal. La mayoría de las numerosas empresas y otros acreedores a los que adeuda Sacresa se encuentran en Cataluña y Madrid, aunque a nivel internacional también los hay en Londres y París, tal y como consta en el documento.

Se da la circunstancia de que, también en relación con Baleares, Sacresa se encuentra bajo la lupa judicial en el marco del caso Can Domenge, que investiga si la UTE adjudicataria de los terrenos del mismo nombre -integrada por Sacresa y Ferrá Tur- dispuso de información privilegiada frente a las demás empresas licitadoras, al resultar ganadora del concurso por 30 millones de euros, mientras Núñez y Navarro ofrecía el doble al Consell de Mallorca.

Suspensión de pagos de cuatro empresas

En referencia al plazo para comunicar las deudas, éste se marca toda vez que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles las declaraciones de suspensión de pagos de cuatro empresas del grupo de la familia Sanahuja, que concentran el 70% del total de su negocio.

Se trata de Sacresa Terrenos Promoción, Cresa Patrimonial, Sanahuja Escofet Inmobiliaria y Sacresa Terrenos 2. Las cuatro firmas fueron declaradas en concurso el pasado 14 de julio, después de que el grupo solicitara su suspensión de pagos al tras agotar sin acuerdo el plazo legal de cuatro meses con que contaba para pactar con la banca la refinanciación de su deuda.

Según consta en los autos que dictó la jueza, de la deuda total, la sociedad Sanahuja Escofet Inmobiliaria soporta un pasivo exigible de 537,9 millones; Cresa Patrimonial tiene una deuda de 686,6 millones; Sacresa Terrenos Promoción, de 1.059,6 millones, y Sacresa Terrenos 2, de 350,8 millones de euros.

En cuanto a las administraciones concursales de las cuatro empresas, tiene como denominador común a un representante de la agencia tributaria. Así, Sacresa Terrenos 2 y Sacresa Terrenos Promoción tendrán como administradores al economista y auditor Jordi Safons, a la abogada Alicia Herrador y a un representante de la Agencia Tributaria. De su lado, Sanahuja Escofet Inmobiliaria y Cresa Patrimonial, además del representante de Hacienda, tendrán como administradores al economista Raimón Casanellas y al abogado José Alberto Sitjar.

El auto constata que la inversión del grupo Sacresa en Metrovacesa, sociedad de la que la firma de la familia Sanahuja fue primer accionista, exigió un esfuerzo financiero muy importante con recursos facilitados por diversas entidades bancarias.

Con la llegada de la crisis, el pasivo bancario ha resultado "inasumible", a pesar de que el grupo Sacresa continúa con su actividad tradicional de promoción de vivienda residencial, asegura el texto. Al presentar el concurso, Sacresa defendió que ha elaborado un plan de viabilidad que considera "la mejor solución" para afrontar su actual situación de insolvencia y en cuya ejecución confía para superar el concurso "lo antes posible".