La Audiencia Provincial de Murcia ha impedido que los padres de un hombre que se encuentra en prisión, imputado por la muerte de su esposa, puedan ver a sus nietas, una de las cuales fue testigo del crimen cuando tenía tres años.

El tribunal, según la sentencia, desestima el recurso presentado por los padres del preso, David S., y señala que estos abuelos paternos, que pretendían que se fijara un régimen de visitas para ver a sus nietas, deberán esperar al momento en que los psicólogos consideren el más adecuado para realizar esas visitas, de manera que no se vea perturbado su desarrollo psíquico.

Afirma la Sala que las niñas, que tenían uno y tres años cuando ocurrió el crimen, el 10 de julio de 2007 en una vivienda de Jumilla (Murcia), se encuentran desde entonces bajo la guarda y custodia provisional de sus abuelos maternos.

Los abuelos paternos, en su recurso ante la Justicia, solicitaron que se concediera la guarda y custodia compartida o, al menos, "un régimen de visitas y estancias lo más amplio posible".

"La situación dramática en que se vio inmersa la familia de las niñas hace necesario un trabajo terapéutico y paulatino antes de establecer, sin más, un régimen de visitas, cuya fijación ahora podría ser perjudicial para las menores", una de las cuales presenció la muerte de su madre a manos, presuntamente, de su padre".

"Se ha de ser especialmente cuidadosos a fin de no dañar más a una niña que ha sufrido tanto y sobre la que hay que trabajar para restaurar en lo posible su estabilidad, velando por sus intereses", afirma esta sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Antonio Jover.

Para la Sala, lo más conveniente es que los psicólogos valoren cuál será el momento más adecuado para que se produzca ese acercamiento entre las niñas y sus abuelos paternos, y añade que estos últimos también deberán dejarse aconsejar por aquellos profesionales.

Al desestimar su recurso e imponerle el pago de las costas, la Audiencia Provincial confirma la sentencia dictada en diciembre de 2008 por un Juzgado de Jumilla, que los condenó al pago de 200 euros mensuales para cada menor en concepto de alimentos.

El crimen que ha generado estas actuaciones judiciales se cometió hace ahora poco más de tres años en la vivienda familiar ubicada en Jumilla y en el mismo falleció, degollada, M.A.G., que tenía treinta años.

Fue el propio imputado el que avisó a los servicios de emergencia para informarles de lo ocurrido.