La Policía Federal mexicana anunció este lunes la expulsión de 3.200 de sus agentes como parte de un proceso de "revisión y depuración" de sus estructuras, lo que representa casi el diez por ciento de la plantilla total de policías.

Rosas explicó en rueda de prensa que en una primera fase el Consejo Federal de Desarrollo Policial decidió sacar a 3.200 agentes "con base en lo previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a partir de la publicación de la Ley de la Policía Federal", que incluye nuevas medidas anticorrupción. Entre los expulsados están algunos mandos acusados por sus subordinados de estar ligados con el crimen organizado el pasado 7 de agosto en Ciudad Juárez.

"La segunda etapa incluye el inicio del procedimiento disciplinario para otros 1.020 elementos por incumplimiento de los requisitos de permanencia, específicamente por no haber cumplido los exámenes de control de confianza", agregó Rosas.

Además, un total de 465 policías tienen procesos legales abiertos "ante el Consejo Federal de Desarrollo Policial para ser dados de baja", lo que podría incrementar las expulsiones. La medida viene acompañada de "la prohibición del reingreso" de los agentes expulsados "a alguna institución de la policial federal, estatal o municipal", agregó el comisionado policial.

Contra la corrupción dentro de la Policía Federal

Rosas apuntó que esta medida "forma parte del compromiso permanente de consolidar una Policía Federal que haga realidad los principios constitucionales de legalidad, honradez, eficiencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos", dijo Rosas. La medida "forma parte de la estrategia de revisión y depuración" de una corporación formada por 34.500 agentes en la que el Gobierno de Felipe Calderón ha depositado parte de la responsabilidad de la lucha contra el crimen organizado.

La SSP lleva años tratando de erradicar la corrupción de la Policía Federal buscando contar con una plantilla de agentes federales más confiables.  Hasta el momento la estrategia no ha logrado revertir la ola de violencia que afecta al país y que ha dejado más de 28.000 muertos desde que el mandatario asumió el poder el 1 de diciembre de 2006.