En 1981 los etarras Kandido Azpiazu y José Ignacio Zuazolazigorraga fueron condenados a pagar una indemnización de 12,6 millones de pesetas a la viuda e hijos de Ramón Baglietto, aunque nunca lo hicieron por declararse insolventes.

Años después, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) presentó ante la Audiencia Nacional una querella en la que indicaba que, tras cumplir condena, el etarra Azpiazu adquirió una cristalería en los bajos del edificio de Azkoitia (Guipúzcoa) donde reside Pilar Elías, la viuda de Baglietto y concejala del PP.

Agencias tributarias

Aunque la Audiencia Nacional no se ha pronunciado sobre esta acusación, hoy cursará un oficio a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, las agencias forales vasca y navarra, así como la DGT para conocer los bienes que los etarras tienen a su nombre.

En 2000, la familia del político cobró 110.000 euros a través del Ministerio del Interior, por lo que si se les embargan bienes a los dos etarras, el dinero irá a las arcas del Estado por haber asumido en su día estas compensaciones económicas.

Se da la circunstancia de que la misma persona que acribilló a tiros a Ramón Baglietto le debía la vida a su víctima. Sus vidas ya se habían cruzado en 1962, cuando Kandido Azpizu, siendo un bebé, iba en brazos de su madre cuando trataba de cruzar la calle sin mirar. Baglietto se lanzó y arrebató de manos de la mujer al niño y le salvó del mortal atropello, que sufrió la mujer y su otro hijo.

Intervención del Comisionado

El escándalo suscitado en la opinión pública por el conocimiento de la situación de Pilar Elías, la viuda de Ramón Baglietto, propició la intervención del Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba. El pasado 15 de diciembre el comisionado pidió públicamente la aplicación de «medidas de alejamiento» para evitar situaciones similares y que los condenados por delitos de terrorismo que ya hayan cumplido su pena puedan vivir o trabajar cerca de sus víctimas o sus familiares.