El PP de Extremadura llevará el caso de la moción de censura de Moraleja (Cáceres) a la Comisión Permanente del Pacto Antitransfuguismo, creada en el Ministerio de Política Territorial.

El objetivo es que dicha comisión "denuncie" la situación originada en la localidad después de que el concejal del grupo mixto David Pérez apoyase, junto con el PSOE, la moción de censura contra la ex alcaldesa del PP, Concepción González, y sea, el citado edil (Pérez), "tipificado como un tránsfuga oficialmente".

El portavoz del PP extremeño, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha indicado que con la firma del citado pacto por parte del PSOE, se aceptó "una serie de cuestiones que ya se están incumpliendo" por parte del Partido Socialista de la región que, a su juicio, "pisotea" este acuerdo, "porque no le tiene ningún respeto" al pacto, "con tal de conseguir el poder en Moraleja".

Carrón ha señalado en rueda de prensa en Mérida, tras el Comité de Dirección de su partido, que si la Comisión Permanente del Pacto Antitransfuguismo, que preside el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, "califica a este concejal como tránsfuga", el PSOE "se verá obligado a cumplir todas las cuestiones" que se incluyen en el pacto, y si no, ha añadido, "habrá una ruptura de pacto".

Condiciones del pacto

Así, el portavoz 'popular' ha explicado que, con la firma de este acuerdo, el PSOE "calificó esta práctica como una alteración de la representación política" y "aceptó que el transfuguismo cambiaba la orientación de la relación de fuerzas surgidas de las urnas, lo que perjudicaba la gobernabilidad de los municipios y deterioraba los fundamentos de nuestro sistema político".

De esta forma, los socialistas se comprometieron al aceptar el pacto a "impedir la utilización de trásfugas para cambiar las mayorías" de gobierno, "como ahora han hecho en Moraleja", ha agregado Hernández Carrón.

Igualmente, en función de este pacto, el PSOE "no" debe apoyar "ninguna iniciativa que presenten los tránsfugas para beneficiarse y cambiar el sentido del voto de los ciudadanos y el sentido del gobierno" y, los tránsfugas, ha apuntado, "no podrán beneficiarse de recursos materiales ni económicos puestos a disposición de los grupos políticos".

Otro requisito que el PSOE aceptó con la firma del pacto es el de "hacer condenas públicas de estos comportamientos de los tránsfugas e incluso iniciar procedimientos de expulsión contra los que acepten pactar con tránsfugas, como ha pasado en Moraleja", ha señalado Carrón, con la actual alcaldesa socialista "Teresa Roca y todo su equipo de gobierno".

Además, con motivo del acuerdo, "los tránsfugas no podrán ejercer los derechos atribuidos a los grupos políticos, porque no configura un grupo político, durante los plenos, y no podrán mejorar su situación anterior, en términos económicos". "Tampoco podrán participar en las juntas de portavoces", ha añadido.

El PSOE, según ha dicho el portavoz 'popular', "también se comprometió a no aceptar en su equipos de gobierno municipales a estos tránsfugas", y que "tampoco podrá tener ninguna atribución municipal".

Asimismo, entre otras cuestiones, en el pacto se recoge el compromiso a "estudiar la prohibición de las mociones de censura durante el primero o el último año de mandato, como ha ocurrido en este caso". COHERENCIA

Con ello, "estamos viendo que el pacto antitransfuguismo" para el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, "es papel mojado" y "no significa nada". Carrón ha afirmado que el jefe del Ejecutivo autonómico "es incapaz de mantener la coherencia política, no sólo en materia de corruptos —en relación a los dos ediles placentinos imputados por casos de corrupción— sino también en materia de tránsfugas".

Finalmente, el portavoz del PP de Extremadura ha añadido que el PSOE y Vara "no han respetado este pacto", lo que ha considerado de una "gravedad muy importante" porque, a su juicio, "esto está quebrando la confianza que los ciudadanos depositan en los políticos".