El Consell de Govern ha aprobado este viernes la Ley de la Buena Administración y el Buen Gobierno, que regula los incentivos a la mejora, la iniciativa y el rendimiento, y que establece que en cada ejercicio presupuestario los órganos evaluados hasta un máximo de diez podrán ser creditores de una dotación económica puntual en concepto de complemento de productividad.

A este efecto, la ley de presupuestos debe fijar en cada ejercicio el importe máximo que deben percibir estos órganos, que lo podrán volver a recibir por un concepto análogo transcurrido un periodo de tres años.

Tras la reunión del Consell de Govern, el conseller de Presidencia, Albert Moragues, ha apuntado que no se puede hablar de cifras concretas, ya que dependerá de los Presupuestos, de forma que, en función de ellos, se decidirá si se premia o no la "excelencia" en la gestión.

Para ello, ha anunciado que se crearán el Premio a la Excelencia de la Gestión Pública; el Premio de Buenas Prácticas de la Calidad Pública de Baleares y el Premio de la Evaluación, mediante el cual se incentivará a los diferentes departamentos que sean los mejores del ranking en las evaluaciones anuales.

Moragues ha recordado que estos incentivos ya se dan a nivel de la Administración General del Estado sin el rechazo de los sindicatos, por lo que ha pedido a las centrales sindicales de Baleares que no se tomen esta medida como una "agresión", refiriéndose así al rechazo que han mostrado a los citados premios económicos.

En este sentido, ha precisado que estos incentivos no se aplicarán al sueldo, sino como un incremento al complemento de productividad a aquellos funcionarios que se considere que su trabajo haya sido excelente.

Además, el conseller de Presidencia ha apuntado que los sindicatos han tenido conocimiento de esta Ley "desde hace muchos meses y, hasta ahora, no habían dicho nada" respecto a los incentivos, si bien les ha recordado que aún tienen la posibilidad de "modificar los aspectos que no les gusten" presentando sus propuestas a los diferentes grupos parlamentarios para que estos las incluyan en las enmiendas que plantearán a esta normativa.

En este sentido, ha recordado que se trata de un Proyecto de Ley, que con "seguridad", sufrirá cambios durante su tramitación parlamentaria, teniendo en cuenta que el Ejecutivo se encuentra en minoría y, por tanto, ha recordado que debe llegar a acuerdos con el PP o UM para poderlo aprobar con una mayoría.

Moragues ha precisado que no será el Govern el que evalúe el trabajo de los funcionarios, sino organismos independientes, al tiempo que ha subrayado que "a lo mejor, resulta que nunca se pueden dar incentivos, porque la situación económica no lo permite".

Además, ha remarcado que esta normativa no contempla multas a los funcionarios que no cumplan su trabajo, debido a que todas las administraciones públicas tienen un sistema que penaliza las actuaciones "incorrectas" de aquellos trabajadores públicos que no cumplan con sus compromisos o responsabilidades.

Control al nombramiento de altos cargos

Otro de los aspectos que contempla la citada Ley es que el Govern deberá informar a la Cámara autonómica cuáles son los motivos por los que ha nombrado a una persona para un cargo de confianza, de forma que los grupos podrán, a su vez, requerir la presencia de los cargos de confianza en el Parlament para que expliquen cuáles son sus cualidades para desarrollar una labor en el Ejecutivo autonómico.

De este modo, ha puntualizado que el Ejecutivo no podrá nombrar a un alto cargo, simplemente, porque es "muy amigo" del presidente o porque le conoce, sino que su designación tiene que ser "objetivable" y tiene que ser trasladada al Parlament.

No obstante, Moragues ha precisado que, a diferencia de lo que sucede en EEUU, las formaciones no tendrán capacidad de veto, en caso de que considerasen que la persona elegida no reúne las condiciones suficientes para ejercer un determinado cargo.

Así, ha dicho que se ha intentado buscar una medida "intermedia" y ha augurado que, hasta dentro de 30 años, tiempo que se ha tardado en aprobar la Ley del Buen Gobierno, no se aprobarán medidas similares a las que ya existen en el Senado de EEUU, donde los representantes pueden llegar a vetar el nombramiento de un alto cargo del Gobierno, en caso de que consideren que no es apto para ejercer esta responsabilidad.

Otra de las novedades de la normativa consiste en que los ciudadanos podrán hacer un seguimiento de los contratos de Obras y Servicios que superen los 25.000 euros y aquellos contratos comunes que superen los 9.000 euros, con el fin de que tengan información sobre las condiciones en las que se han firmado y quiénes son los contratantes garantizando así una "transparencia" de los mismos.

Actuación del govern en funciones

Asimismo, Moragues ha destacado que esta normativa también define cuál debe ser la actuación del Govern en funciones, de manera que sólo podrá llevar a cabo las iniciativas del "día a día y alguna cuestión extraordinaria si es necesaria, pero la tendrá que justificar".

De este modo, ha recalcado que se pretende evitar lo que sucedió en la pasada legislatura, cuando después de las elecciones de 2007 y ante la previsión de que hubiera un posible cambio de Govern, el Ejecutivo de Jaume Matas adoptó una "enorme cantidad de decisiones importantísimas que lastró la gestión del Govern actual".

Otros de los aspectos que regula la Ley es la eliminación de los tratamientos honoríficos, de manera que los representantes del Govern serán tratados únicamente como directores, conseller y presidente, por lo que ya no tendrán el tratamiento de muy honorables, honorables, ilustrísimos, excelentísimos o reverendísimos. De esta manera, Moragues ha aseverado que se logrará una relación "mucho más civil y ciudadana y, por tanto, con más proximidad".

Finalmente, Moragues ha manifestado que con la Ley de Buena Administración y Buen Gobierno, no se hará nada nuevo que no se esté haciendo ya puntualmente en una u otra administración, sino que "por primera vez, habrá una normativa que obliglará a que sea una acción de Govern y que no sea algo que se haga de forma voluntaria".