El Consell de Govern ha aprobado este viernes la Ley de la Buena Administración y el Buen Gobierno, que regula los incentivos a la mejora, la iniciativa y el rendimiento, y que establece que en cada ejercicio presupuestario los órganos evaluados hasta un máximo de diez podrán ser creditores de una dotación económica puntual en concepto de complemento de productividad.

A este efecto, la ley de presupuestos debe fijar en cada ejercicio el importe máximo que deben percibir estos órganos, que lo podrán volver a recibir por un concepto análogo transcurrido un periodo de tres años.

Moragues ha apuntado que no se puede hablar de cifras concretas, ya que dependerá de los Presupuestos, de forma que, en función de ellos, se decidirá si se premia o no la "excelencia" en la gestión. Para ello, ha anunciado que se crearán el Premio a la Excelencia y el Premio de Buenas Prácticas, entre otros, y, por otro lado, ha recordado que estos incentivos ya se dan a nivel de la Administración General del Estado sin el rechazo de los sindicatos, por lo que ha pedido a las centrales sindicales de Baleares que no se tomen esta medida como una "agresión".

En este sentido, ha precisado que estos incentivos no se aplicarán al sueldo, sino como un incremento al complemento de productividad a aquellos funcionarios que se considere que su trabajo haya sido excelente.

Otro de los aspectos que contempla la citada Ley es que el Govern deberá informar a la Cámara autonómica cuáles son los motivos por los que ha ha nombrado a una persona para un cargo de confianza, de forma que los grupos podrán, a su vez, requerir la presencia de los cargos de confianza en el Parlament para que expliquen cuáles son sus cualidades para desarrollar una labor en el Ejecutivo autonómico, si bien ha precisado que, a diferencia de lo que sucede en EEUU, las formaciones no tendrán capacidad de veto, en caso de que considerasen que la persona elegida no reúne las condiciones suficientes para ejercer un determinado cargo.

Otra de las novedades de la normativa consiste en que los ciudadanos podrán hacer un seguimiento de los contratos de Obras y Servicios que superen los 25.000 euros y aquellos contratos comunes que superen los 9.000 euros, con el fin de que tengan información sobre las condiciones en las que se han firmado y quiénes son los contratantes.

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