El Consejo de Gobierno ha ratificado en su sesión de este jueves el proyecto de la nueva Ley de Sanidad de Canarias que iniciará a partir de ahora el trámite preceptivo para su aprobación por el Parlamento de Canarias.

El proyecto de Ley de Sanidad de Canarias fue redactado por la Consejería de Sanidad para sustituir al actual marco legal representado por la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, con los objetivos de reforzar la posición de los ciudadanos ante el sistema sanitario canario y establecer un modelo organizativo que mejore la eficiencia en la gestión de los recursos y las prestaciones sanitarias públicas.

El nuevo proyecto de ley, tras su aprobación por el Consejo de Gobierno, será remitido al Parlamento para que, de acuerdo al procedimiento legislativo contemplado en el Reglamento de la Cámara, se ordene su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias. A continuación se procederá a la apertura del plazo de presentación de enmiendas a la totalidad, el debate en primera lectura del texto legislativo ante el Pleno, la presentación de enmiendas al articulado y el nombramiento de la correspondiente ponencia.

En los dieciséis años, que han transcurrido desde el traspaso a la Comunidad Autónoma de Canarias de las competencias en sanidad, el marco jurídico organizador en este ámbito ha estado integrado por la Ley 11/1994 y el Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud.

Ambas normas, con escasas modificaciones, han constituido el eje fundamental por el que se ha regido el sistema sanitario canario durante este período, en el que se ha puesto de manifiesto la necesidad de realizar y aclarar las competencias de cada Administración Pública Canaria en materia sanitaria.

La presente iniciativa legislativa obedece, en consecuencia, a la necesidad de afrontar nuevos retos en cumplimiento del derecho constitucional de protección a la salud, al producirse en los últimos años la superación del binomio protección de la salud-vinculación al régimen de la Seguridad Social, consolidándose la universalización en el acceso a las prestaciones sanitarias.

Catálogo de derechos y deberes

De este modo, la Consejería de Sanidad afronta en el actual anteproyecto una regulación completa de la posición jurídica de los ciudadanos ante el Sistema Sanitario de Canarias, que se traducirá en una ampliación y actualización del catálogo de derechos y el refuerzo de la defensa del usuario.

Por otra parte, a medida que se ha ido consolidando el modelo sanitario, se ha puesto de manifiesto la necesidad de separar las funciones de regulación sanitarias de las de compra de servicios y de provisión entre la Consejería de Sanidad y el Servicio Canario de la Salud, así como una escasa precisión en la separación de funciones y competencias.

El análisis de esta situación por parte de la Consejería ha tenido como resultado la definición de los siguientes objetivos, recogidos por la nueva Ley que pasa con un catálogo de derechos para los ciudadanos con un órgano independiente que "garantice su efectividad; la regulación de un marco general organizativo dirigido a la atención integral del paciente; el diseño de una organización que facilite la coordinación asistencial, mejore la calidad e incremente los resultados en la salud de la población de Canarias.

También se promoverá la separación de las funciones de ordenación, planificación y financiación de las de compra y provisión de servicios sanitarios; la distribución de funciones entre los órganos centrales y periféricos, teniendo en cuenta las peculiaridades de la configuración geográfica de la Comunidad Autónoma; o la deslegalización de la regulación de aquellas materias que no requieran rango legislativo, reconduciéndolas a la correspondiente regulación reglamentaria.

Con la aprobación y entrada en vigor de la nueva Ley de Sanidad, la Consejería dará cumplimiento a una de las principales líneas de actuación de su programa político para esta Legislatura, con la finalidad de mejorar el acceso de los ciudadanos al sistema sanitario público y dotar a la estructura pública sanitaria de mayor flexibilidad, en línea con los modelos adoptados por otras Comunidades Autónomas.