UPA y COAG volvieron a recriminar la actitud de la Harinera Villafranquina, asentada en Arévalo (Ávila), de "someter a los agricultores y cooperativas a una presión indecente" al "imponer junto a los intermediarios de la zona precios para el trigo muy por debajo de las cotizaciones del mercado".

En opinión de la 'Alianza por la Unidad del Campo', la "encubierta concertación de precios a la baja" que lleva a cabo la Harinera catalana junto a los comercializadores e intermediarios debe ser motivo "más que suficiente" para que la Administración regional actúe e incluso la oficina de la competencia abra un expediente, investigue, y si es el caso aplique con máximo rigor las sanciones oportunas.

En este sentido, COAG y UPA recordaron que esta empresa es la que "fija" el precio del trigo por ser la mayor comercializadora de harinas en Castilla y León, por lo que su política comercial marca las condiciones del mercado, tanto en el trigo como en la harina, lo que a su juicio "ha contribuido al cierre de numerosas plantas harineras en la Comunidad desde su asentamiento en Arévalo".

Además, la Alianza calificó de "prepotente" que la empresa catalana ejerza junto a los intermediarios una presión "insoportable" sobre los agricultores y cooperativas, a los que como indicó "imponen precios por debajo de las cotizaciones del mercado".

Por ello, ambas organizaciones, según explicaron en un comunicado recogido por Europa Press, insistieron en la necesidad de comercializar los cereales a través de cooperativas, ya que "sólo de forma común se puede ejercer una defensa ante las imposiciones de "mercaderes sin escrúpulos íntimamente ligados a la especulación".

UPA y COAG han recordado a la Junta de Castilla y León en varias ocasiones que las ayudas públicas destinadas a la empresa catalana deberían servir para "hacer región y no para destruir empresas ni explotaciones agrarias".

"Sólo el año pasado el Gobierno regional aprobó una ayuda de 1,8 millones de euros para Villafranquina, lo que sumado a la infinidad de incentivos públicos acumulados en años anteriores por parte de sus propietarios, evidencia que la única riqueza que esta empresa genera en el medio rural de Castilla y León es para sus accionistas", apuntaron.

En este sentido, la 'Alianza por la Unidad del Campo' solicita a la Administración regional y a la oficina de la competencia que emprendan actuaciones para atajar la "imposición de monopolio" que ejercen desde el principio de campaña sobre los agricultores "a la hora de marcar unos precios sensiblemente inferiores a la situación real del mercado".