El Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobará en convocatoria extraordinaria mañana martes, 24 de agosto, las leyes por la que se regula la Renta Garantizada de Ciudadanía, el derecho a la vivienda o la Ordenación del Sistema de Salud de la Comunidad.

Como consecuencia de esta convocatoria extraordinaria se podrá aprobar en sede parlamentaria la Renta Garantizada de Ciudadanía de forma que pueda empezar a solicitarse a mediados del mes de septiembre y cuyo Proyecto de Ley la establece como un derecho subjetivo concebido como última red de protección respecto a cualquier prestación.

El acuerdo, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de abril, detalla las características y los beneficiarios de esta prestación social periódica de carácter económico, cuyo objetivo principal es proporcionar a los ciudadanos en situación de exclusión social los medios necesarios para cubrir sus necesidades básicas y que supondrá una inversión anual de entre 21 y 35 millones de euros.

La Renta Básica de Ciudadanía sustituirá al Ingreso Mínimo de Inserción y supondrá un incremento en las cuantías que recibirán los actuales preceptores del mismo, ya que fija como cuantía básica mensual de la prestación el 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 425,6 euros al mes, una cantidad que se verá incrementada según las cargas de las unidades familiares, por lo que se podrá alcanzar un máximo de 692,3 euros al mes, lo que supone el 130 por ciento del IPREM.

Este complemento es del 25 por ciento de la cuantía básica por el primer miembro, 15 por ciento por el segundo y 10 por ciento por el tercero y siguientes.

Podrán solicitar la percepción de este derecho los ciudadanos de Castilla y León de entre 25 y 64 años de edad, los extranjeros refugiados o con solicitud de asilo en trámite y a las mujeres víctimas de violencia de género que por este motivo se hayan trasladado a la Comunidad desde otra región de España.

En cuanto a la nueva Ley de Derecho a la Vivienda, la normativa establece los mecanismos en materia de políticas activas, de coordinación con otras administraciones y de planificación y "garantiza" los derechos y deberes de las personas y familias, la igualdad en el derecho a la vivienda protegida, la protección de los ciudadanos en la adquisición y arrendamiento de vivienda, la calidad, habitabilidad y accesibilidad, con especial atención a los colectivos más necesitados, así como la transparencia en la edificación y promoción de viviendas, protección medioambiental y garantías sostenibles.

El texto actualiza además el régimen sancionador, con lo que se "refuerza" la lucha contra el fraude con multas de hasta 90.000 euros en faltas muy graves que podrán "ser corregidas al alza" hasta una cantidad igual al beneficio obtenido por el infractor.

El texto normativo se estructura en una exposición de motivos, 9 títulos (preliminar y 8 títulos), 108 artículos, 3 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, una derogatoria y 4 disposiciones finales.

Defensor del usuario

En cuanto a la nueva Ley de Ordenación del Sistema de Salud, destaca como novedad la inclusión de la figura del Defensor del Usuario que, como avanzó, emitirá un informe anual y se encargará de la defensa de los derechos de las personas en relación con la salud. El defensor será nombrado y cesado por la Junta a propuesta del consejero de Sanidad entre personas de reconocido prestigio en el ámbito sanitario o jurídico-sanitario.

Otra de las novedades es la inclusión de sanciones cuantificadas por agresión a facultativos que oscilan entre los 300 euros de las más leves hasta los 600.000 euros que pueden alcanzar aquellos daños considerados como muy graves y que se baremarán de acuerdo a la intencionalidad o reincidencia, entre otros aspectos.

La nueva norma que sustituirá a la de 1993 consta de 78 artículos estructurados en once títulos y define el Sistema de Salud de Castilla y León como el conjunto de actuaciones y recursos sanitarios.