El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha calificado de "ridículas" las cifras del programa de retorno voluntario de inmigrantes del Gobierno central publicadas este viernes el Ministerio de Trabajo e Inmigración, ya que, a su juicio, "resulta patético" que en la Comunitat Valenciana, en la que residen más de 884.000 inmigrantes, "sólo 176 personas se hayan decidido a volver a su país".

En un comunicado, Blasco ha señalado que esta "no es más que otra muestra de la desastrosa política de inmigración del Gobierno", al tiempo que ha insistido en que el fracaso del programa "es evidente" ya que el Ejecutivo "presentó la iniciativa asegurando que alrededor de un millón de inmigrantes se acogerían al programa y la realidad es que en toda España han vuelto a sus países 1.151 personas".

Por ello, ha subrayado que lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es "luchar y adoptar medidas eficaces contra la inmigración ilegal". En este sentido, el conseller ha agregado ha las costas de la Comunitat "se han convertido tristemente en una puerta de entrada de inmigrantes ilegales que se juegan la vida en el intento" mientras "el Gobierno se muestra incapaz de atajar este problema".

Fondo de acogida

Blasco ha exigido, además, a la Administración central un aumento de las partidas de los Fondos de Acogida e Integración de Inmigrantes, que este año se ha reducido, según ha indicado, en un 65 por ciento. "Éste es el único modo de que las comunidades autónomas y los ayuntamientos podamos asumir las competencias de atención a los inmigrantes de las que el Gobierno se ha ido desentendiendo", ha aseverado.

Así, ha detallado que en 2010 el Gobierno ha destinado un total de 7,6 millones de euros del Fondo de Acogida a la Comunitat Valenciana, frente a los 22,1 millones de 2009, "cuando es la tercera región española con más inmigrantes y la segunda con mayor porcentaje de población inmigrante".

Finalmente, el titular de Solidaridad ha indicado que el Gobierno "ha situado a los Gobiernos autonómicos y a los ayuntamientos entre la espada y la pared" porque les ha dado una mayor competencia en atención a la inmigración "a pesar de que la gestión de extranjería es estatal" y, al mismo tiempo, "ha recortado las ayudas, con lo que la asfixia económica es brutal por falta de presupuesto".

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