La industria de los videojuegos dice que el informe de Amnistía Internacional es impreciso y alarmista

La sección española de Amnistía Internacional ha presentado, como cada año desde hace un lustro, un informe en el que arremete contra los videojuegos. En esta ocasión denuncia la falta de implicación del Gobierno de España en la regulación de videojuegos con contenidos no recomendados para menores y en aquellos clasificados para mayores de 18 años, en los que se desarrollan temáticas que banalizan las violaciones de los derechos humanos.

'España: Menores y derechos humanos, responsabilidades en juego' ha sido presentado hoy en Barcelona por el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, y con la participación del profesor de comunicación de la Universitat Ramon Llull (URL), Josep Sort. Beltrán defendió durante la presentación que "los canales y los puntos de venta en España no disponen de medidas para controlar el acceso de menores a los videojuegos ya que no hay ninguna ley que regule los puntos de venta de videojuegos".

Carlos Iglesias, secretario general de aDeSe (Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento) sostiene que "el videojuego es como el cine, un elemento de ocio audiovisual, y cualquier legislación que se aplique a los videojuegos debe aplicarse al cine. Tan imbricados están juegos y películas que cada vez se hacen más peliculas de juegos y viceversa. Al cine no se le considera un producto peligroso, y nosotros tampoco lo somos".

Amnistía Internacional, por su parte, sostiene además que ninguno de los métodos de regulación que se emplean en España garantiza el cumplimiento de la responsabilidad de proteger a los menores que el Gobierno español adquirió con la firma y ratificación de la Convención de los Derechos del Niño y otros tratados internacionales.

Se refiere al código de autorregulación PEGI, que se impone voluntariamente la industria del videojuego y está operativo en toda la Unión Europea salvo Alemania y a la legislación autonómica en materia de protección del menor.

Iglesias defiende el código PEGI: "todos los países integrantes de la UE, a excepción de Alemania e incluida Suiza, han suscrito el PEGI. Me pregunto porqué si en Bélgica, Francia o Italia el código les funciona, aquí les parece que no lo hace. De hecho, Amnistía Internacional no saca informes como éstos, atacando a los videojuegos en esos países, sólo lo hace la delegación española. Es una incongruencia en una asociacion internacional".

El informe de AI concluye con la necesidad de "la creación de un marco legislativo estatal para la regulación de todo lo que se refiere a la producción, distribución, venta, publicidad y promoción de los videojuegos, entendidos como producto de mercado" y recuerda que "actualmente no existen mecanismos de denuncia para retirar videojuegos del mercado".

Asimismo, durante la presentación se destacó la necesidad de un etiquetaje adecuado con las franjas de edad que corresponden al videojuego, así como de la problemática creciente de la falta de regulación en las compras o descargas de videojuegos que los menores realizan en Internet y los videojuegos para telefonía móvil.

Iglesias ha sido tremendamente duro con el informe de AI: "está lleno de imprecisiones, como que respecto al número de países suscritos al PEGI, metiendo en el mismo saco juegos online y piratería. Está hecho con ánimo de desprestigiar. Es devastador para nosotros e irresponsable hacia el consumidor que descalifiquen un sistema que puede ayudar a los padres. Están creando alarmismo. Y cómo es posible que dejen al margen a los padres, que ignoren que son los responsables de elegir el contenido de los hijos".

Por último, el Secretario General de aDeSe anima al gobierno a apoyar con campañas informativas que enseñen a comprar y a conocer los videojuegos y añade: "no me importaría nada que el gobierno asumiese este sistema como obligatorio y obligase a adoptarlo a todos los editores. En Finlandia lo es".

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