Los trabajadores y pensionistas de Baleares declaran 2.864 euros más de media que los pequeños empresarios de las islas, lo que supone la segunda Comunidad Autónoma con mayor diferencia entre ambos colectivos, sólo superada por la Región de Murcia, con 3.362 euros.

Así lo recoge la II edición del Informe de la Lucha Contra el Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria, elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) a partir de la última estadística del IRPF-2008, declarado en junio de 2009.

Este estudio recoge que las "mayores brechas" se abren en la Región de Murcia, con 3.362 euros; Baleares, 2.864 euros; Comunidad Valenciana, con una diferencia de 2.844 euros; Andalucía, con 2.545 euros; Cataluña, con 2.451 euros; y Aragón, con 2.400 euros.

Por el contrario, las regiones donde estas diferencias se situaron por debajo de la media nacional y, por tanto, son menos acentuadas son la Comunidad de Madrid, con 1.944 euros; Asturias, con 1.944 euros de diferencia; Castilla y León, 1.900 euros; Extremadura, 1.832 euros; Canarias, con 1.823 euros; y Galicia, con 1.708 euros.

Por otro lado, si se compara la evolución de la brecha 2008/2007 con los microempresarios —en módulos— en ese periodo, las mayores diferencias se apreciaron en el Principado de Asturias, con 1.059 euros; Murcia, 994 euros; Madrid, 980 euros; Castilla-La Mancha, con 935 euros; Baleares, 896 euros; Cataluña, 888 euros; Extremadura, con una diferencia de 884 euros; y Aragón, con 869 euros.

En el extremo contrario, por debajo de la media nacional, se situaron La Rioja, 590 euros; Comunidad Valenciana, con 649 euros de diferencia; Andalucía, con 691 euros de diferencia; Canarias, 698; Cantabria, 786 euros; Galicia, 798 euros; y Castilla y León con 807 euros.

Fraude y picaresca relativa

En opinión de los Técnicos del Ministerio de Hacienda, la explicación a este comportamiento "tan dispar" entre los ingresos declarados por trabajadores y empresarios reside en los "altos niveles de fraude fiscal que viene arrastrando España en estos últimos años, donde la bolsa de dinero negro crece ininterrumpidamente".

La economía sumergida en nuestro país "aumentó en 25.000 millones de euros entre 2000 y 2009", según recoge el estudio de Gestha, alcanzando actualmente los "245.000 millones", lo que representa el 23,3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), "diez puntos por encima de la media de los países de nuestro entorno, donde el índice de evasión ronda el 13 por ciento".

Para Gestha, una prueba "contundente" del fraude fiscal del sector empresarial español son las "grandes diferencias" entre los ingresos declarados por los asalariados y los empresarios, hasta el punto de que los trabajadores declaran a la Hacienda Pública una media de "7.200 euros más que los profesionales y los pequeños empresarios", y alrededor de "7.600 euros más si se compara con los rendimientos de los microempresarios".

A pesar de estos datos, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, señala que "en la actualidad los pequeños empresarios representan sólo el 15 por ciento de la defraudación total de nuestro país; sin duda, las bolsas de economía sumergida más importantes son generadas por las medianas y grandes empresas, especialmente en el sector de la construcción y promoción inmobiliaria".

Según este colectivo, la Agencia Tributaria del Estado "no ha sido capaz de reducir las diferencias, sino que ha permitido que se quintupliquen", a pesar de estar centrada en el control de las rentas del trabajo y los autónomos desde que en 1992 se creó.

En opinión de los Técnicos, para evitar que la Agencia Tributaria estatal "siga perdiendo la batalla" contra el fraude fiscal "se debe reforzar la investigación de las principales bolsas de fraude que representan los profesionales liberales y las grandes empresas", que frecuentemente "venden sin factura, pasan los gastos personales como gastos de la sociedad, utilizan sociedades instrumentales o paraísos fiscales, o en demasiadas ocasiones 'manejan' facturas falsas".

En este sentido, el informe de Gestha explica que el régimen de módulos es "impreciso, anticuado, y en demasiadas ocasiones constituye el 'caldo de cultivo ideal' para emitir facturas falsas a medianas y grandes empresas", ya que el empresario emisor de la factura "no paga más" al Fisco, mientras que quien recibe la factura falsa "contabiliza indebidamente" un gasto y una cuota deducible en Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).