El Partido Popular de Cantabria planteará al Gobierno regional que suscriba un convenio con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana para impulsar la construcción de viviendas de protección en áreas donde ya es posible ejecutarlas, como alternativa al Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) del Bojar.

La iniciativa propone que Gobierno y Ayuntamiento colaboren para posibilitar técnica y jurídicamente, vía modificación puntual del planeamiento o convenio con el propio Ejecutivo, la construcción de "la mayor cuota posible" de viviendas sujetas a algún tipo de protección pública como alternativa "viable" al PSIR.

Según ha informado este domingo el PP, su presidente, Ignacio Diego, y el alcalde de Santa Cruz de Bezana, Juan Carlos García Herrero, han mantenido en los últimos meses varias reuniones en las que han analizado el PSIR del Bojar, así como la situación del planeamiento urbanístico.

La propuesta del PP nace de ese trabajo conjunto, que pretende que "se sienten las bases necesarias para facilitar a los destinatarios de viviendas protegidas los elementos de orden técnico y jurídico que podrán permitir la consecución de viviendas asequibles a los demandantes de éstas".

Diego ha precisado que "ha de estimularse" la "participación eficaz" de todos aquellos agentes, públicos o privados, "que sean capaces de poner viviendas protegidas en igualdad de condiciones a disposición de sus beneficiarios".

El presidente del PP ha recordado que el PSIR del Bojar ha llevado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana a formular alegaciones contrarias al mismo por los "efectos perniciosos" del proyecto en los términos en que se ha planteado. En opinión de Diego, de hacerse realidad el PSIR, supondría un "desequilibrio importante" en las dotaciones actuales del municipio y acarrearía "nuevas deficiencias" cuyas correcciones no está previsto abordar en el Plan General vigente.

Por ello, y dada la necesidad de construir viviendas de protección, el líder 'popular' sostiene que "ambas administraciones, Gobierno y Ayuntamiento, deben ir de la mano, buscar alternativas que concilien los distintos intereses en juego en beneficio de la colectividad, pero siempre desde el máximo respeto a la autonomía municipal".

"Las soluciones consensuadas tienen la legitimidad de su aceptación por una amplia mayoría social y, con ello, la garantía de la eficacia y eficiencia en su gestión", ha subrayado Diego.