Francia ha desmantelado más de 40 campamentos ilegales de gitanos en las últimas dos semanas. Así lo ha confirmado este jueves el ministro francés del Interior, Brice Hortefeux. En total son 700 las personas que se han visto afectadas y que, según el ministro, serán expulsadas a sus países de origen "de aquí a finales de mes".

En rueda de prensa en Lyon, Hortefeux explicó que se fletarán vuelos específicos para devolver a todas las personas expulsadas a Bulgaria y Rumanía. El desmantelamiento de los campamentos ilegales de gitanos y poblaciones nómadas fue anunciado el pasado 28 de julio por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, quien entonces dio órdenes a su Gobierno para la evacuación de la mitad de las 300 instalaciones de ese tipo que existen en Francia en un plazo de tres meses.

Hortefeux, condenado el pasado mes de junio a una multa de 750 euros por "injurias racistas" a un joven militante de su partido de origen magrebí, ha hecho balance de lo realizado hasta ahora y ha anunciado que la próxima semana se reunirá con dos miembros del Gobierno rumano para abordar la cooperación entre los dos países en este ámbito. Las iniciativas del Gobierno galo contra los asentamientos gitanos se producen tras los recientes acontecimientos violentos registrados en Saint Aignan (centro del país) después de que la policía matara a un joven romaní durante una persecución. A consecuencia de ese incidente, se produjeron disturbios callejeros en la localidad, incluido el ataque de medio centenar de personas al cuartel de la Gendarmería.

"Derecho a la seguridad"

El Gobierno de Francia ha invocado el "derecho a la seguridad" para defenderse de las críticas recibidas del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR), preocupado por la situación de los gitanos o por el debate sobre la "identidad nacional" francesa. Ese comité de la ONU, que examina las nuevas iniciativas políticas de París en materia de discriminación, había asegurado que ha detectado en Francia un "notable recrudecimiento del racismo y la xenofobia". Además, el CEDR aseguró que no existe una "verdadera voluntad política" para luchar contra la segregación en el país en el que se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos.

A las críticas del comité de las Naciones Unidas, se han sumado otras voces desde las formaciones de izquierda, como la de la jueza y diputada de Europe Ecologie, Eva Joly, que acusó Sarkozy de practicar "racismo de Estado".

No es la primera vez que un organismo internacional se preocupa por las presuntas medidas racistas del Gobierno de Sarkozy pues ya el pasado mes de junio la Comisión Europea (CE) contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), órgano del Consejo de Europa, señaló que en Francia existe un "clima de xenofobia" alrededor de las cuestiones de inmigración.