La portavoz en materia de pesca del PSdeG, Marisol Soneira, ha denunciado que la Xunta denegó la solicitud de 562 embarcaciones para regularizarse por considerar que ya se habían sometido a este proceso con una orden de 1999, pese a que los responsables de la Consellería do Mar manifestaron que "no comparten que hubiese tal regularización".

En rueda de prensa, Soneira calificó de "peculiar la situación", pues la administración gallega "dictamina en contra de lo que cree que es correcto", al rechazar que el proceso de 1999 hubiese sido una regularización pero justificar ahora la negativa a varias embarcaciones con que ya se acogieron a la instrucción de la Marina Mercante de hace once años.

La diputada socialista ha explicado que esta situación deriva de la necesidad de que las embarcaciones adapten a la realidad los datos que constan en los registros —se dan discrepancias entre, por ejemplo, las dimensiones que tienen y las que constan—. Dentro del proceso para regular los barcos, se presentaron 2.440 solicitudes, que tramita y resuelve la Xunta.

De ellas, 2.112 embarcaciones precisaron un informe de la capitanía marítima y 891 barcos fueron informados favorablemente, mientras que otros 74 casos fueron considerados imposibles de regularizar, otros 524 se pueden someter al proceso si aportan bajas y 562 recibieron informe desfavorable por considerarse que ya se habían regularizado en 1999. ACLARACIONES

La Xunta, ha apuntado Soneira, envió la comunicación a los propietarios de estas 562 embarcaciones, pese a que sus responsables manifestaron no estar de acuerdo con que la orden que se dio hace once años sea realmente una regularización. Por ello, la socialista pidió a Mar que aclare su postura, para lo que presentó una iniciativa parlamentaria.

"Se niegan a aplicar su capacidad política", ha criticado la portavoz de Pesca del PSdeG, quien ha considerado que el Gobierno gallego actúa en este asunto como "un auxiliar administrativo" del Ejecutivo central y ha lamentado que no haya dado las autorizaciones. "Si el Gobierno central pone alguna objeción, se discute", ha dicho Soneira, que ha indicado que "todos los días" se producen "discrepancias" ente administraciones.

Asimismo, ha afirmado que no le consta "una sola gestión" de la consellería para negociar con el Estado un cambio de los criterios que se aplican. La diputada ha apuntado que los afectados están presentando recursos administrativos contra la decisión de denegar la regularización y ha señalado que, para ello, utilizan un documento tipo redactado por la Federación Galega de Confrarías.