El diputado nacional del PSOE por la provincia de Cádiz, Salvador de la Encina, ha manifestado que a su juicio la tasa de descongestión para el tráfico rodado que accede a Gibraltar, conocida como peaje, es "ilegal" y añadió que puede crear "recelos" y "tensar" las relaciones con Gibraltar, sobre todo, con La Línea de la Concepción.

En declaraciones a Europa Press, De la Encina recordó que "las relaciones exteriores, desde que existe el Reino Unido, le ha correspondido al Gobierno, lo haga bien o mal" y añadió que "cuando hablamos de Gibraltar hablamos de política exterior y la política exterior la lleva y la coordina el Gobierno". Además, recordó que "así se respetó al PP cuando gobernaba, que planteó una soberanía compartida y los ciudadanos gibraltareños dijeron que no".

Por ello, el dirigente socialista criticó que el alcalde de La Línea, Alejandro Sánchez (PP), "no respeta la política exterior del Gobierno de España" y añadió que "una cosa es que la comparta y otra que la tiene que respetar, porque es una norma diplomática". En este sentido, añadió que "su postura es de bombardeo, pero no para criticar a Gibraltar sino al Gobierno de España y la convierte una política de crítica exterior y es un tema de Estado".

En cuanto a buscar una solución a la situación desde el diálogo, De la Encina indicó que "el Ayuntamiento tiene que empezar por reconocer sus errores" y añadió que "en diálogo contará siempre con el PSOE y con el Gobierno, pero el diálogo no es querer imponer una parte lo que piensa, sino que si quiere cobrar un peaje tiene que tener una legalidad por encima de todo".

El dirigente socialista señaló que si todos los municipios quisieran poner peajes por su singularidad, como por ejemplo el de Algeciras para acceder al puerto, el de Tarifa porque no puede utilizar el 40 por ciento de su territorio por estar ocupada por instalaciones militares y así hasta la Junquera, "se rompería el principio básico de Europa de libertad de tránsito de las personas, por tanto está fuera de lugar desde el sentido común".

No obstante, señaló que serán los técnicos del Estado los que tengan que dictaminar si ese procedimiento administrativo, "del que aún no hay ni un solo papel en la Administración del Estado", se autoriza.

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