La Junta de Extremadura ha mostrado su "perplejidad" ante las declaraciones efectuadas por el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, en las que insta "implícitamente" a la Administración autonómica a "saltarse" el procedimiento establecido para adjudicar viviendas de promoción pública con el objetivo de "alojar a ciudadanos que utilizan medidas de presión para no cumplir la normativa", en referencia a las familias que permanecen desde hace una semana en huelga de hambre en Mérida y que reclaman una vivienda pública.

Al respecto, el Gobierno regional ha recalcado que adjudica este tipo de viviendas "en función de las necesidades sociales" de los demandantes, y siguiendo principios de "imparcialidad y justicia".

Por este motivo, la Junta de Extremadura ha dejado claro que sus prioridades son "solucionar los problemas de los ciudadanos y velar por sus intereses, y no caer en la demagogia y el oportunismo".

Asimismo, la Administración regional ha precisado que ha facilitado el acceso a una vivienda social en lo que va de legislatura a 86 familias sólo en la ciudad de Badajoz; ciudadanos que han accedido a un inmueble "sin ejercer medidas de presión y que actualmente residen en viviendas legítimamente adjudicadas".

Como resultado de aplicar este procedimiento, la Junta de Extremadura ha adjudicado recientemente la vivienda que fue rechazada por una de las familias manifestantes. Además, procederá a adjudicar otra nueva vivienda vacante en los próximos días en base a la lista establecida por los servicios sociales encargados de evaluar las necesidades de cada demandante, según ha informado el Ejecutivo regional en nota de prensa.

Por último, la Junta de Extremadura ha precisado que continuará aplicando este procedimiento y alojando a las familias que "más lo necesiten" en función de las viviendas vacantes disponibles y el orden de demanda establecido en base a criterios de necesidad social.