El Consejo Andaluz de Asuntos de Menores, órgano consultivo de la Junta de Andalucía, adscrito a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, ha manifestado públicamente "su preocupación" por los hechos "muy graves" que han podido producirse con menores inmigrantes no acompañados, tema sobre el que se ha abierto un intenso debate en la sociedad española.

"Resultaría poco ético y muy triste que niños que llegan a nuestras tierras, sean cuales sean, se mandaran de un sitio para otro, como si fueran mercancías, agravando así su ya más que penosa situación", ha indicado el Consejo en un comunicado.

Por ello, el Consejo Andaluz de Asuntos de Menores "apoya las gestiones que vaya a realizar el Defensor del Pueblo Andaluz —que también es Defensor del Menor— para clarificar este tema", ha añadido.

Así, ha manifestado en dicho comunicado, los programas de enseñanza reglada y no reglada que se llevan a cabo con los menores extranjeros no acompañados en toda Andalucía, y que se prolongan, incluso, más allá de la mayoría de edad, "son un ejemplo de políticas sociales que han sido reconocidas en todos los foros especializados".

Los menores que llegan a España, sea cual sea la comunidad a la que llegan, vienen buscando el "primer mundo que, al menos en parte, goza de bienestar a costa de otros mundos", dijo. Todas las comunidades del estado español y toda Europa "deberían ser solidarias" en la atención a estos menores y, desde luego, la primera responsabilidad es de la Administración Pública del territorio adonde llegan.

"Cualquier redistribución de estos menores, que probablemente sea necesaria, debería hacerse con el máximo cuidado y la máxima delicadeza, mediante acuerdos previamente establecidos y con todas las garantías para los menores", ha destacado. Además, agregó que "esto es igualmente aplicable al proceso de repatriación en aquellos casos en que se considere que es la mejor solución para estos niños".

"Si se hubieran llegado a producir traslados sin acuerdos previos y sin total garantía de la seguridad y el bienestar de los menores, se trataría, sin duda, de algo muy grave", enfatizó.

Al hilo de lo anterior, el Consejo del Menor ha manifestado que "cada institución, pública o privada, debe asumir sus responsabilidades, conscientes de que nos jugamos mucho, porque de una política activa y responsable de protección de menores sólo se recogen resultados positivos". "En primer lugar —continuó— porque redunda en el bienestar de personas que vienen en busca de una vida más digna y en segundo lugar, porque, a la larga, evitan mucho sufrimiento y muchos conflictos sociales".

La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, ya ha manifestado su intención de mediar en este conflicto, "mediación que aplaudimos y pedimos que se haga de forma rápida y efectiva, de modo que cualquier menor que llegue a nuestras tierras sea en todo momento atendido con la máxima dignidad", ha concluido.