Según indicó el consejero en una entrevista con Europa Press, un determinado urbanismo "anárquico" desarrollado cuando no se contaba con la tecnología de la que hoy disponemos, ha tenido como consecuencia la construcción de infraestructuras y viviendas en zonas "sensibles" antes las inundaciones, de manera que hay poblaciones asentada "en medio de cauces públicos".

Debido a esta situación, "que hemos podido comprobar en las inundaciones que se produjeron a consecuencia del temporal del pasado invierno", el nuevo Plan de Prevención contra las Avenidas e Inundaciones "supondrá la calificación de nuevas zonas de riesgo".

Hay que recordar que en Andalucía existen actualmente más de 1.000 puntos negros en unos 428 municipios andaluces, lo que supone que el 56 por ciento de los municipios andaluces tienen problemas de inundaciones y que la población afectada asciende al 60 por ciento del total, siendo las provincias más perjudicadas son las del litoral mediterráneo.

Además, señaló que la primera Ley de Aguas de Andalucía, aprobada por el Parlamento andaluz el pasado 22 de julio, contempla por primera vez la planificación contra las inundaciones, que requiere hacer, según dijo, una labor doble "por un lado, la alerta y la precaución y, por otro, la restauración y la recuperación de los cauces públicos, lo que requerirá una inversión compleja".

Díaz Trillo afirmó que la Junta de Andalucía "quiere ser modélica en la gestión del agua", ahora que ha adquirido su mayoría de edad en esta materia con la asunción de las competencias de todas las aguas que discurren por la comunidad y su primera Ley de Aguas, haciendo frente a su "complejidad climática mediante la administración justa del agua y el abastecimiento de la población, sin olvidar la protección y preservación del recurso".

En este sentido, se mostró "convencido" de que Andalucía hará sus deberes y llegará a la fecha establecida por la Directiva Marco Europea de Aguas, el año 2015, con un buen estado ecológico de sus masas de agua.

Nueva agencia pública de medio ambiente

Por otro lado, se refirió a la nueva configuración de las políticas de agua en Andalucía con la fusión de la Agencia Andaluza del Agua y Egmasa en la nueva figura de la Agencia Pública Empresarial de Medio Ambiente y Aguas, destacando que además de ahorro económico, supondrá "un servicio público más eficiente, dará mayor estabilidad laboral a sus trabajadores".

Díaz Trillo explicó que las competencias sobre aguas se integrarán a partir del 1 de enero de 2011 en la Secretaría General del Agua, de nueva creación e integrada en el organigrama de la Consejería de Medio Ambiente, frente a la cual, en un principio, estaría el actual director gerente de la Agencia Andaluza del Agua, Juan Paniagua.

Con esta nueva configuración, defendió, "haremos un trabajo más productivo, pues no es lo mismo dirigir las políticas de agua con la agencia fuera que dentro, lo que significará, además, que el agua pasará a ser un elemento transversal de la Administración ambiental".

Asimismo, rechazó las críticas de las voces que ven en la fusión de ambos entes un intento de "privatización". "El camino del Gobierno andaluz en la gestión del agua es el camino de lo público, tanto que la sociedad mercantil que teníamos, Egmasa, el 31 de diciembre desaparece y se convierte en agencia pública empresarial en el que sus trabajadores tendrán el estatus de empleados públicos".

Nuevos estatutos,

En septiembre

Respecto a las manifestaciones que se han sucedido en los últimos días de empleados de la Agencia Andaluza del Agua, quienes recriminan la "inseguridad jurídica y la pérdida de sus derechos" que supondrá la fusión con Egmasa, el consejero dijo "no entender sus reivindicaciones, pues no tienen nada que ver con el decreto que se ha aprobado".

De este modo, insistió en que la nueva estructura "no supondrá ningún tipo de pérdida derechos laborales" para estos trabajadores, quienes, por el contrario, "tendrán mejores perspectivas de futuro". "Sólo les puedo decir que esperen y vean lo que ocurre a partir de enero de 2011", señaló.

Además, aseguró que durante todo el proceso de integración se mantendrán negociaciones abiertas con los sindicatos. Según informó, el próximo 1 de septiembre se iniciarán las conversaciones con los representantes sindicales de los trabajadores para elaborar unos estatutos "consensuados que le den carácter a la nueva Agencia Pública".