El ex secretario y ex asesor jurídico del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Miquel Àngel Bonet, apuntó al ex gerente de la empresa pública Juan Carlos Alía como la persona que ordenó contratar, a propuesta del ex presidente del Govern Jaume Matas, al empresario Kamal Dorai, quien resultó adjudicatario de forma presuntamente irregular en la pasada legislatura del servicio de catering en las ferias a las que asistía el Govern.

Así lo puso de manifiesto Bonet, en libertad bajo fianza de 350.000 euros en el marco de la Operación Pasarela, durante la declaración que efectuó el pasado 1 de julio tras ser detenido dentro de este caso. En su comparecencia en sede policial, Alía ordenó contratar a Dorai y "vestir el expediente", por lo que Bonet procedió a inventarse "dos curriculums" para llevar a cabo la operación, tal y como confesó.

Sin embargo, el imputado, asistido por el letrado Gaspar Oliver, recordó que según le contó Alía, en una recepción con Matas se habían encontrado con Dorai y el ex presidente le dijo que había que "ficharlo para el Ibatur". Sin embargo, el ex gerente de la empresa pública, en su declaración ante la Policía, consideró "extraña" la acusación de Bonet y negó recordar de quién partió la idea de contratar al empresario de catering, sin descartar que hubiera sido él mismo.

Mientras tanto, el propio Dorai, tras ser arrestado por agentes de la Policía Nacional, manifestó que cuando se ofreció para trabajar en el Ibatur pidió a Alía y Bonet cobrar 3.000 euros mensuales, a lo que el entonces asesor jurídico le comentó que esta cifra superaba un contrato menor y habría que recurrir a un concurso. Los investigadores postulan que este expediente fue negociado sin publicidad y que fue adjudicado de antemano por un importe de 27.500 euros para coordinar el servicio de catering en las ferias en las que participaba Baleares.

Es más, el declarante, asistido por los letrados Laureano Arquero y Agustín Aguiló, aseveró que como el trabajo "era mucho, pedí un ayudante y que fuese mi mujer, Francisca Jaume", quien tras darse de alta cobraba unos 6.000 euros anuales aunque "nunca asistía a las ferias". Dorai manifestó que por el importe del negociado no hubiese trabajado ya que "pedía 500.000 pesetas", de ahí que "las facturas a nombre de mi mujer servían para compensar el importe solicitado".

Un informe de la Jefatura Superior de Policía, incluido en el sumario del caso Ibatur, señala que, además del negociado de 27.500 euros -que fue prorrogado de 2005 a 2007 por 30.000 euros anuales-, Dorai fue adjudicatario de dos contratos menores por un total de 4.361 euros por servicios presuntamente no realizados. Incluso el ex edil del PP en Lloseta, Felipe Ferré, llegó a afirmar en dependencias policiales como imputado que "lo único que hacía Dorai era poner galletas de Inca con sobrasada y queso de Mahón".