Andalucía Acoge y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) han lamentado que "se recorten derechos" a los menores extranjeros no acompañados, y han pedido "responsabilidad" a las administraciones tras la acusación de la Consejería para la Igualdad y Bienestar de la Junta de Andalucía al Gobierno de Canarias de enviar de forma presuntamente irregular a menores inmigrantes marroquíes desde centros de protección de esta comunidad autónoma a Andalucía.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de Andalucía Acoge, Mikel Araguas, ha señalado que "no es de recibo que haya discordia entre las comunidades autónomas que tienen que asumir la responsabilidad con los menores". "La política de una comunidad autónoma no puede ser la de recortar los derechos de un menor, la de tratar de llevar la responsabilidad en el ejercicio de la tutela de una administración a otra", destacó.

Asimismo, Araguas ha explicado que cuando se habla de menores no acompañados, "lo primero es que se trata de menores que están no solo protegidos por el ordenamiento jurídico español sino también por el internacional, y por ello consideramos que en este caso debería prevalecer la condición de menor sobre la de inmigrante".

Además, ha añadido que desde Andalucía Acoge se quiere centrar el debate sobre el sistema público de protección y los motivos de protección de estos menores, "algo que no hay que olvidar", ha dicho. "Siempre hay que pretender el bien máximo del menor, teniendo como premisa fundamental que hay que dar soluciones específicas a cada menor, y a partir de ahí empezar a trabajar y no lanzar la pelota de una comunidad a otra", afirmó.

Araguas quiso también aprovechar la ocasión para exigir a las administraciones públicas que "traten a estos menores desde un punto vista integral, que desarrollen un itinerario en el momento que son, entre comillas, detectados y entran en un centro de protección". "La exigencia no es solo que se les acoja aquí, sino que adquieran todos los derechos y deberes previstos en la legislación", destacó.

"En muchos casos hablamos únicamente de quién paga, pero también tenemos que hablar de qué significan estos menores, de qué se puede hacer con ellos, y de cómo pasarán a la mayoría de edad, porque en muchos casos resulta paradójico que menores que han estado tutelados por comunidades luego pasen a una situación irregular sin ningún tipo de permiso", concluyó.

Por su parte, el co-coordinador del Área de Inmigración de Apdha, Carlos Arce, ha afirmado a Europa Press que este punto supone una declaración "muy ilustrativa" tanto de la Junta como del Gobierno canario sobre "cuáles son las prioridades de las administraciones autonómicas respecto a los menores extranjeros no acompañados y en qué puesto queda lo que debería ser el interés superior del menor".

En este sentido, ha indicado que de este modo "están expresando públicamente y, con poco rubor, que consideran una carga no deseada a estos niños". Además, añadió, "es cierto que el Gobierno canario, aunque lo niegue, compra billetes de transporte al niño que a lo mejor tiene un carácter más difícil o cuando consideran que el número de estos menores en el Archipiélago es muy elevado".

De hecho, "todos los colectivos sociales que gestionan centros de protección dicen que no es un hecho infrecuente y que muchos chicos comentan que les han comprado un billete", ha agregado. Así, para Apdha, insistió, "esto es demostrativo del enfoque que se le da a una obligación de las administraciones autonómicas", porque un niño en situación de desamparo "es un niño que tienen que proteger y que tienen que velar teniendo como único rasero su interés superior".

En definitiva, ha concluido Arce, "es bastante lamentable que la discusión entre las distintas comunidades autónomas no sea cómo coordinarse entre las diferentes consejerías para el mejor trato de estos menores y que, sin embargo, se centren en discutir si te los mando o si me los has mandado".

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