El Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid ha condenado a una pena de un año y diez meses de prisión a Antonio M.B, quien fuera presidente de la Comunidad de Propietarios del edificio número 1 de la calle Alamillos, por delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido durante su mandato, si bien le ha absuelto del delito continuado de apropiación indebida de entre 64.000 y 74.000 euros de fondos comunitarios y por los que las acusaciones pública y particular le habían pedido cuatro y tres años de cárcel, respectivamente.

En su sentencia, el juez considera probada la falsedad documental cometida por el imputado, merecedora de la cita pena privativa de libertad y del pago de una multa de 9.000 euros, mientras que aplica al ex presidente de la comunidad el principio 'in dubio pro reo' respecto de la apropiación de fondos comunitarios debido a la falta de pruebas suficientes, según informaron a Europa Press fuentes del gabinete Iberforo Valladolid Abogados, que ejerció de la acusación particular.

"Aunque del conjunto de lo actuado, y especialmente de las acciones que dan lugar a la apreciación del delito de falsedad en documento mercantil, se desprenden sospechas de que pudo apropiarse de dinero de la comunidad de propietarios durante el ejercicio de su cargo de presidente, la prueba practicada resulta endeble y no permite alcanzar la plena certeza", justifica el juez para fundamentar la absolución por dicho delito.

Durante el juicio, el acusado declaró que las facturas falsificadas no tenían otra finalidad que poder justificar determinados gastos realizados en beneficio de la comunidad de los que carecía de soporte físico y rechazó haberse quedado con un solo euro de las cuentas de sus convecinos.

Sin embargo, el fiscal y la acusación particular sostuvieron que Antonio M.B, de 62 años y presidente de la Comunidad de Propietarios del inmueble número 1 de la calle Alamillos entre febrero de 2001 y abril de 2005, falsificó una serie de facturas "con el fin de incrementar su patrimonio a costa del dinero" del resto de los comuneros.

Así, siempre según la versión de los acusadores, entre los meses de enero, febrero, agosto y septiembre de 2004 confeccionó cuatro facturas que aparentaban haber sido emitidas por la empresa 'Serteca', encargada del mantenimiento de las calderas del edificio, y de este modo, supuestamente, se quedó con el importe de las mismas, que ascendía a 7.031 euros.

Además, en una factura de 29 de diciembre de 2004 realmente emitida por la empresa 'Electricidad Rincón' añadió nuevos conceptos y manipuló el importe, que ascendía a 180 euros pero que fue sustituido por la cifra de 900,87, quedándose con los 720,87 de diferencia.

Con posterioridad, confeccionó un recibo de fecha 21 de marzo de 2005 aparentemente emitido por la empresa 'Seymaco', que había realizado reparaciones en la fachada del edificio, y de este modo, según también los acusadores, se quedó con 14.606 euros, al tiempo que se le imputaba haber intervenido el 1 de julio de 2004 en la venta de una vivienda del inmueble, inicialmente destinada al portero, operación por la que la comunidad obtuvo 126.213 euros, si bien de la misma tan sólo habría ingresado en la cuenta comunal 81.128, a pesar de que únicamente se han acreditado gastos por valor de 3.000 euros.