La Subdelegación del Gobierno ha "desautorizado" por aspectos formales la manifestación promovida para el próximo viernes por los ex trabajadores de la sociedad mixta Mercasevilla prejubilados merced al expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007, de cuyas prestaciones se desliga la Consejería de Empleo. A tal efecto, el colectivo, que reclama que la Junta asuma sus "compromisos de pago" para con los 9.046.976,95 euros a los que se eleva el coste del ERE, se sumará a la concentración convocada para ese día por CCOO y UGT como antesala de la huelga general del 29 de septiembre.

El presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), informó a Europa Press de que tras elevar a la Subdelegación del Gobierno la documentación correspondiente a la marcha, que habría arrancado desde el tramo de la calle Luis Montoto en el que se enclava la sede provincial del PSOE para concluir en la Plaza Nueva, el departamento de Faustino Valdés ha "desautorizado" la movilización por la entrega de los documentos "fuera de plazo". "Dicen que se ha presentado fuera de plazo y que no tienen tiempo para preparar a sus efectivos", resumió el presidente del comité de empresa.

Dado el caso, los prejubilados del expediente de regulación de empleo consumado en Mercasevilla en 2007 se sumarán a la concentración conjunta convocada para este viernes por CCOO y UGT como paso previo a la jornada de huelga general, fijada para el 29 de septiembre.

Prestaciones en el aire

La posición del Gobierno andaluz, de hecho, motivó la paralización de los pagos de las pre jubilaciones por parte de la división aseguradora del Banco Vitalicio. Así, el colectivo de 40 ex trabajadores prejubilados merced a este ERE cobra sus remuneraciones a través de contratos de préstamo librados precisamente por Mercasevilla como fórmula eventual de cubrir las prestaciones acordadas en este expediente de regulación de empleo.

Entretanto, la comisión ejecutiva de Mercasevilla ha resuelto reclamar por vía judicial el cumplimiento de los "compromisos de pago" que rodean al ERE de 2007 y, en concreto, ha acordado iniciar acciones legales a tal efecto contra la aseguradora contratada para las pólizas de las prestaciones, el Banco Vitalicio, y la consultora a la que se encargó la gestión del procedimiento, Vitalia Vida. No obstante, el propio Rafael Domínguez había señalado a Europa Press que el colectivo espera que tales actuaciones se dirijan también contra la Junta de Andalucía.

Las "evidencias documentales"

Y es que en un documento hecho público por el comité de empresa y fechado el 29 de abril de 2008, el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, expresaba ante Vitalicio Seguros, —compañía con la que Mercasevilla negoció la póliza correspondiente a estas prestaciones—, su "conformidad" a la suscripción de una póliza para ocho "ex trabajadores" de la sociedad mixta, "comprometiéndose" a continuación a "abonarles" con fecha 1 de julio de 2008 un total de 1.891.637,83 euros.

Esta fecha y esta cuantía, además, "coinciden" con el contenido de un documento librado por Vitalicio Seguros en el marco de la póliza de seguro colectivo de rentas suscrito por la sociedad mixta precisamente para las prestaciones de los trabajadores adheridos al ERE de 2007. En ese documento, en efecto, la compañía aseguradora atribuye el 22 de mayo de 2008 a la Junta de Andalucía el abono de 1.891.637,83 euros a fecha de 1 de julio de 2008 en concepto de "prima" aplazada para la financiación de las prestaciones.

La cuantía y las fechas de pago, además, coincidían con una de las partidas que, según otro documento de Vitalicio Seguros, se esperaba del Gobierno andaluz para sufragar las prestaciones de varios de los aproximadamente 40 pre jubilados del expediente de regulación de empleo de 2007.

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