Las defensas de los seis acusados en la 'Operación Piña Verde' pidieron la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo al considerar que no había pruebas suficientes para solicitar las escuchas telefónicas practicadas y a la vez la absolución de sus patrocinados al entender que no se ha demostrado que traficaran con drogas.

En la última jornada del juicio, que quedó visto para sentencia, los abogados coincidieron en pedir la nulidad del proceso al considerar que no había suficientes datos objetivos para solicitar las escuchas, tal y como expuso la defensa de David B.R, para el que solicitó la absolución por no haberse probado que se dedicara al tráfico.

En cuanto a los hechos, explicó que David ha reconocido que consumía cocaína, tal y como avalan las pruebas periciales practicadas, pero no se ha acreditado que el bar pudiera servir para la venta de drogas, ya que las sustancias intervenidas se encontraban en una zona cerrada al público como el almacén y las pruebas con reactivos no hallaron restos de las mismas en otras partes del establecimiento.

En este sentido, considera que la ubicación de las drogas no permitirían ventas a la gente que entraba y salía rápidamente del establecimiento, como dijeron los guardias civiles y en ningún momento se demuestra un aprovechamiento del bar para el tráfico. En cualquier caso, afirmó que aunque la cantidad de droga incautada es "significativa", si el consumo de David era de 15 ó 20 gramos a la semana, estaba "justificada" y recordó que en los 16 meses de prisión provisional, a pesar de no tener antecedentes, se ha dado cuenta de su adicción, que le provocaba trastornos en su conducta, y ha participado en dos programas de desintoxicación, entre otras actividades.

Precisamente el acusado fue el único que al final del juicio recogió el ofrecimiento del presidente de la Audiencia, Feliciano Trebolle, para añadir una última palabra y afirmó que su tiempo en prisión le ha permitido darse cuenta de su problema con la cocaína, le está destrozando económica y físicamente y exculpó a sus dos camareras acusadas.

El abogado cree que la estancia en prisión de David B.R. ha provocado los efectos buscados con su resocialización aunque recordó que no hay indicios de que se dedicara al tráfico y obtuviera un beneficio, ya que para comprar todos sus bienes —algunos de ellos puestos a nombre de su hermana al no haber obtenido el divorcio en una relación anterior— precisaron de préstamos para ser adquiridos, pero además eran cosas "necesarias".

Además de que considera demostrado que el dinero hallado en su vivienda procedía del bar y era para pagar algunas reformas, la defensa manifestó que no está probado el tráfico ya que lo único que se observan en las vigilancias son entradas y salidas de un bar, que podrían deberse a que alguien busque a un amigo o para "comprar tabaco", sin que haya aprehensiones de droga, actas de incautación o gente "sospechosa".

Víctima del sistema

Por otro lado, la defensa de Jonathan C.A. considera que a su patrocinado le ha "pillado" el sistema y no debería estar en prisión, más aún cuando a otras personas acusadas se las solicitan penas superiores y se encuentran en libertad, algo de lo que por otro lado aseguró "alegrarse".

Sin embargo, en declaraciones recogidas por Europa Press, explicó que las pruebas contra el joven no son suficientes ni siquiera para intervenir el teléfono, para lo que se alegó que cuando David faltaba del establecimiento dejaba encargado a Jonathan, cuando éste trabajaba en una constructora.

El letrado considera que el sistema ha "arrollado" al joven, que tiene una vivienda que han pagado sus padres, y le mantiene en prisión a pesar de que se le acusa de haber ayudado a David sin que haya prueba alguna de ello, ya que no existen conversaciones que no se refieran a cuestiones del bar, por lo que en su opinión la investigación parece "de tebeo".

Además, cree que la investigación "no está bien hecha" y se basa en unas conversaciones telefónicas en las que "habla con 17 personas" y con dos de ellas se refiere a "petas", algo normal entre consumidores de marihuana. De la misma forma, destacó que además de la droga en el registro sólo se hallaran 20 euros y una báscula de cocina.

Así, afirmó que no hay "ni rastro" de que preparara estupefacientes y sólo se ha demostrado que era consumidor, sembraba marihuana y tenía bolsas de autocierre en casa, por lo que calificó de "barbaridad, excesivo y desproporcionado" que continúe en prisión provisional, ya que los 150 gramos incautados de marihuana son "como dos cartones de tabaco para un fumador". Por ello, pidió su "inmediata" puesta en libertad.

Además de sumarse a la nulidad de las actuaciones, la representante legal de Laura H.S. y Mónica M.A. destacó el hecho de que sus patrocinadas "aparecieran" en las diligencias "de pronto" y de "forma aleatoria" porque hay una tercera persona que trabajaba en el bar y no está implicada.

La abogada explicó que si se cree que David es culpable por el dinero que manejaba, el lenguaje que utilizaba, etcétera, ese argumento no tiene sentido para ellas, que no tienen bienes o dinero y viven de sus padres porque están estudiando.

Sin pruebas

Además, tras calificar de "chapucera" la investigación, recordó que ni siquiera se han registrado sus domicilios y señaló que después del "cante" que supuso la detención de David en un pueblo pequeño, Mónica mantuvo una conversación con Laura en la que le dice que "a David se le va a caer el pelo", cuando si estuvieran implicadas habría dicho "se nos va a caer el pelo".

Así, cree que "todas las conversaciones tienen una explicación razonable" si se circunscriben al contexto de un bar y justificó el hecho de que dieran recados al propietario porque trabajaban para él, algo que no significa que favorecieran el tráfico. La abogada insistió en que no hay pruebas y ni siquiera son consumidoras por lo que pidió la absolución para ambas.

En la misma línea se manifestaron las defensas de Pedro Luis M.G. y José Luis H.G, ya que pidieron la nulidad y al mismo tiempo rechazaron la existencia de prueba alguna contra sus patrocinados, ambos consumidores de drogas.

Así, en el primero de los casos, su abogada recordó su adicción y cree que sólo debería responder por las sustancias encontradas en su vivienda, ya que no se puede deducir una suposición tan grave como la del tráfico de drogas exclusivamente por unas escuchas, sin que se hayan practicado seguimientos y justificó los 1.000 euros que llevaba en el momento de su detención en que se dirigía a pagar el arreglo de su moto, factura que coincidía con la cantidad intervenida.

Por lo que se refiere a la defensa de José Luis H.G, cree que las acusaciones tienen una base relativamente "pobre" ya que se basan en las escuchas que mantuvo con Pedro Luis, de quien es amigo y con quien pintó el bar de David. Además, incidió en que es consumidor de marihuana desde los 14 años y también cultivador, por lo que la cantidad hallada en su vivienda no era para venta, sino con vistas a consumirse a lo largo de un año y aseguró que "hace falta mucha imaginación" para, con las escuchas, llegar a la conclusión de que se dedicaban a la venta de cualquier tipo de sustancias.

Por su parte, el Ministerio Fiscal mantuvo su petición de penas que suman 40 años de prisión para los seis acusados. En concreto, solicitó once años de cárcel y multa de 25.000 euros para David B.R, de 35 años y propietario del bar 'Razza' de Pedrajas; nueve años y medio y multas de 12.000 euros para la novia del anterior, Laura H.S, y Mónica M.A, ambas camareras del establecimiento; cuatro años para Jonathan C.A. y Pedro Luis M.G. (multas de 1.000 y 3.000 euros, respectivamente); y dos años y multa de 3.000 euros para José Luis H.G.

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