Los portavoces de IU y PSOE en el gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Francisco Tejada y Rafael Blanco, respectivamente, han coincidido en afirmar que el Consistorio devolverá a los contribuyentes lo que les cobró en base a las Ordenanzas fiscales de 2001, que ha anulado el Tribunal Supremo (TS), si así lo avalan informes jurídicos.

En rueda de prensa, el portavoz de IU, Francisco Tejada, aclaró que, a raíz de la mencionada sentencia firme del TS, que el Ayuntamiento acata, el gobierno municipal, como en otros casos, "seguirá los dictados de la Asesoría Jurídica" del propio Consistorio, "en cuanto a la interpretación de la sentencia, para su ejecución", y aunque ya disponen de un informe de dicha asesoría que indica que no hay que devolver cantidad alguna a los contribuyentes, el gobierno municipal esperará a tener también el dictamen del Consejo Municipal para la Resolución de Reclamaciones Económico-administrativas y del Procedimiento Económico-administrativo (CREA).

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Rafael Blanco, subrayó que "la interpretación de la sentencia no es fácil", sobre todo teniendo en cuenta que "no dice cómo acatarla", como tampoco lo indica el recurso contra la aprobación del expediente de Ordenanzas Fiscales de 2001 que interpuso en su día el PP y al que el TS ha acabado dando la razón. En cualquier caso, Blanco aclaró que el Ayuntamiento "aplicará la Ley y acatará la sentencia, en el modo en el que se le diga", por parte de la Asesoría Jurídica Municipal y por el CREA.

Finalmente, el portavoz municipal del PP, José Antonio Nieto, opinó que, "si la sentencia fuera dudosa, que no lo es, habría que pedir una sentencia aclaratoria al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TJSA), que es el que se pronunció sobre el fondo de la cuestión (previamente)", pero, a su juicio, "lo que hay que valorar aquí es qué actitud se tiene ante una sentencia firme, de forma que, si el gobierno municipal no la quiere cumplir, lo que hay que preguntarse es para qué se dicta una sentencia".

De este modo, "si el TSJA dice que son nulas las Ordenanzas Fiscales de 2001 y el TS le da la razón", lo que, según Nieto, debe hacer ahora el Ayuntamiento es "devolver de oficio", sin que se lo reclamen previamente los contribuyentes, el dinero que les cobró "de más", que el PP cifra entre cuatro y seis millones de euros, con respecto a las Ordenanzas Fiscales del año 2000, que serían las aplicables al haber anulado el Supremo las de 2001, lo cual ha hecho "porque el Ayuntamiento tramitó mal un expediente, a pesar de que se le avisó, y actuó con soberbia y desprecio de las normas".

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