Pena de muerte en Japón
Un guarda de la prisión de Toyama (Japón) que observa a un recluso mientras duerme, en una imagen tomada en enero de 2006. EVERETT KENNEDY BROWN / EFE

Japón ha puesto fin este miércoles a un año sin pena de muerte con la ejecución de dos condenados por asesinatos múltiples. Se trata de las primeras ejecuciones bajo el nuevo Gobierno del Partido Democrático (PD), que han puesto fin al paréntesis de un año en la aplicación de la pena de muerte.

Los presos ajusticiados fueron Kazuo Shinozawa, de 59 años, responsable de la muerte de seis mujeres en el incendio de una joyería en 2000, y Hidenori Ogata, de 33, condenado por matar a una pareja en 2003.

Japón es junto a Estados Unidos uno de los pocos países industrializados y democráticos que tiene la pena de muerte como máximo castigo en su código penal. Las ejecuciones  han puesto fin a una moratoria oficiosa que se mantenía desde que llegó al poder el PD.


es mi deber revisar el proceso, al ser yo la persona que lo ordena.

La ministra de Justicia, Chiba, que hasta hoy no había firmado ninguna sentencia de muerte, estuvo presente en las ejecuciones.

En Japón, éstas se aplican siempre en la horca, con la ayuda de verdugos y sin testigos.

Los presos del "corredor de la muerte" japonés (107 en la actualidad) conocen la fecha de su ejecución ese mismo día y sus familias son informadas una vez que la misma ha sido llevada a cabo.

En una rueda de prensa, Keiko Chiba explicó que esta ha sido la primera vez que un titular de Justicia ha presenciado en Japón una ejecución y dijo que lo hizo "porque es mi deber revisar el proceso, al ser yo la persona que lo ordena".

Tras firmar las sentencias de muerte, la ministra de Justicia anunció que se creará un comité sobre la aplicación de la pena de muerte en Japón, donde más del 80 por ciento de la población respalda el máximo castigo.

Reacciones

La noticia fue recibida entre la indiferencia de la población japonesa, que apoya mayoritariamente la pena capital para los delitos de sangre, y el estupor de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que lo calificaron de "duro revés".

el 80 por ciento de la población respalda el máximo castigo.

Amnistía Internacional expresó su "decepción y enfado" con la decisión de la ministra de Justicia, que no esperaban, y consideró que, antes de abrir un debate público sobre la pena de muerte, es preciso paralizar las ejecuciones.

Ante las críticas de esos grupos, el Gobierno nipón defendió que no ha habido motivaciones políticas en las ejecuciones, que se han llevado a cabo justamente un año después de la última aplicación de la pena capital en este país, el 28 de julio de 2009.