La UGT de Navarra ha mostrado su discrepancia con la decisión del Defensor del Pueblo de desestimar la solicitud del sindicato para que procediera a iniciar el proceso de inconstitucionalidad de la ley foral para la reducción del déficit público que establece rebajas en los salarios de los funcionarios y para los trabajadores de las empresas públicas.

Según ha explicado en rueda de prensa Luis Hernández, secretario general de la Federación de Servicios de la UGT de Navarra, el defensor ha alegado criterios de oportunidad y de equidad en el ejercicio de sus funciones "para que la Administración no cometa negligencias o abusos injustificados, justificando la validez del artículo 6 desde el punto de vista del interés público, por la reducción del déficit público, como consecuencia de la crisis económica".

Hernández ha manifestado que el defensor tiene que evitar una valoración "más política que social". "Las valoraciones sobre la crisis y la situación actual de país la tienen que hacer los políticos pero no un defensor del Pueblo", ha expuesto, para añadir que, después de la desestimación de esta institución, "no vamos a dejar de estar en esta vía".

En la actualidad hay en Navarra 32 empresas públicas con 1.038 trabajadores, "que no son funcionarios", y que están regulados por el convenio de oficinas y despachos de la Comunidad foral. Según el sindicalista, "no son salarios de la Administración, no hay conceptos de antigüedad, las condiciones sociales son diferentes y no son contratos de por vida".

El responsable de la FES ha añadido que no entiende la figura del Defensor del Pueblo, si está "al servicio de los ciudadanos que ven vulnerados sus derechos o si está al servicios de los poderes públicos". Para la Federación, esta institución "no debería bendecir una ley foral sólo por el hecho de que haya sido aprobada por el Parlamento de Navarra, sino velar por los intereses de los ciudadanos".

Hernández ha señalado que ninguna empresa pública ha comenzado a realizar rebajas salariales y que, en el momento en el que se aplique la medida, comenzarán procedimientos judiciales para reclamar las cantidades. Según ha precisado, esas reclamaciones serán individuales, "aunque se puedan agrupar nunca será un conflicto colectivo".

El secretario general de la FES ha indicado que los trabajadores del sector aspiraban a que el Defensor reconociera que el artículo 6 de la ley de reducción del déficit no era "acorde" cuando el sector tiene su propio convenio. "La Administración no puede de la noche a la mañana modificar un convenio de ámbito sectorial", ha indicado.

La responsable sectorial de Oficinas y Despachos, María Jesús Perfecto, ha señalado que los trabajadores de las empresas públicas "sacamos el trabajo de la Administración pero mucho más barato" y ha criticado que "se ha intentado hacer un convenio de empresas públicas con la Administración y se ha negado en redondo aduciendo que no somos funcionarios, pero a la hora de rebajar el sueldo se decide que sí".