El secretario de Política Institucional y Concertación Social de CCOO en Andalucía, Juan Pérez, ha mostrado su rechazo a los recortes anunciados por el Ministerio de Vivienda que afectan a las políticas de vivienda, ya que "son una agresión a un derecho social básico" y contribuirá "al crecimiento del desempleo en el sector de la construcción".

Asimismo, ha exigido a la Junta que "confirme con claridad absoluta" su compromiso con los objetivos del Plan Concertado de Vivienda y Suelo y con la Ley de Derecho a la Vivienda, así como que clarifique el nivel de cumplimiento de las cantidades acordadas de viviendas protegidas para los años 2009 y 2010.

En un comunicado, el sindicato ha recordado que la Junta de Andalucía adquirió el compromiso de construir 30.000 viviendas protegidas en el año 2010, tanto para venta como para alquiler y ha instado a la Consejería "a clarificar cuántas de las 24.000 viviendas calificadas provisionalmente en 2009 han sido ya iniciadas" y a "explicar el nivel de cumplimiento de las entidades financieras que se adhirieron al cumplimiento de los objetivos de ese Plan".

En estos momentos, según CCOO-A, "no sabemos qué nivel de cumplimiento hay en estos compromisos ni el montante total de viviendas iniciadas o en otras fases del proceso". Del mismo modo, Pérez ha pedido que se sigan impulsando las actuaciones e incrementando las medidas en materia de rehabilitación de viviendas, al constituir "un motor de reactivación económica y un generador de empleo directo e inmediato".

Asimismo el dirigente sindical ha instado a las corporaciones locales a que pongan en marcha "cuanto antes" los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, requisito imprescindible para acceder a este tipo de viviendas. En este sentido, Pérez ha reclamado que esta puesta en marcha "vaya acompañada de campañas de difusión y divulgación entre la población para explicarles la necesidad de inscribirse en esos registros si quieren optar a una vivienda protegida".

También en el ámbito municipal el sindicalista ha pedido a los ayuntamientos que cumplan con la obligación legal de elaborar los Planes Municipales de Vivienda y Suelo a partir de la entrada en vigor de la Ley Andaluza de Derecho para "dar satisfacción a las necesidades de vivienda de sus vecinos". De ahí que exija que "cuanto antes" se inicien los trabajos de elaboración de esos Planes "contando con la colaboración de las organizaciones sindicales y empresariales".