La propuesta del PSPV ha sido planteada en la Junta de Portavoces celebrada hoy, pero el PP y el Bloc han considerado que no era una cuestión "urgente", por lo que será debatida en el pleno de septiembre.

El portavoz del PSPV, Juan María Calles, en un comunicado, considera que el Ayuntamiento de Castellón "tiene que dar un ejemplo de ética a la ciudadanía" y manifiesta que "es incomprensible que policías que podrían estar en labores de seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia estén dando protección a un político acusado de graves delitos de corrupción".

Calles, ha apuntado que hay cargos políticos "equivalentes" al de Fabra en el ámbito de la Comunitat Valenciana que no cuentan con ningún tipo de servicio de escolta. Además, "debe ser el Ministerio de Interior, y no el Ayuntamiento ni la Diputación, el organismo que vele por la vigilancia y protección de los dirigentes políticos si existe algún tipo de amenaza", ha agregado.

En este sentido, ha recordad que el Ayuntamiento y la Diputación provincial firmaron en 1995 un convenio por el que agentes de la Policía Local de Castellón prestan servicio de escolta del concejal de Castellón y presidente de la Diputación, Carlos Fabra.

Es la Institución provincial paga los gastos por la protección del dirigente del PP, ha explicado Calles, quien ha añadido que los policías adscritos a la Diputación "dejan de realizar servicios policiales ordinarios en Castellón y actúan de escoltas tanto en la capital, donde tienen competencias para ejercer, como en el resto de la provincia y fuera de estos límites".

El portavoz socialista entiende que "en las actuales circunstancias procesales resulta inapropiado desde el punto de vista ético que se siga prestando protección personal a un concejal acusado de graves delitos y que se haga con recursos policiales que se detraen de los servicios de seguridad ciudadana y lucha contra el delito".