El secretario regional de Enseñanza Privada de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, FETE-UGT, Enrique Caraballo, denunció hoy el "total y absoluto abandono que sufren los centros de atención a personas con discapacidad por parte de quienes tienen la obligación de velar por ellos, es decir, el Gobierno de Canarias, titular de los centros, y los cabildos, que son responsables de su gestión a través de empresas privadas".

"No exigimos subida de sueldos ni ningún derecho que no nos asista. Cada día cumplimos estoicamente con nuestras funciones, ante la pasividad de las empresas y de las administraciones públicas, que debe velar por que se cumpla cada uno de los puntos que aparecen en los pliegos de concesión de los servicios", declaró Caraballo en rueda de prensa en la capital grancanaria.

Según el responsable de FETE-UGT Canarias, la crisis se ha convertido en "la excusa perfecta para muchas empresas y para la propia administración, que están dejando de atender sus obligaciones con los usuarios y los trabajadores de dichos centros".

Así pues, lanzó varios interrogantes: "¿Dónde está el dinero de la ley de dependencia?; ¿No iba destinado a mejorar la calidad de servicio que ya se prestaban?".

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza ha denunciado ante todas las instituciones públicas el incumplimiento de los pliegos de condiciones de algunas empresas que gestionan los centros, puesto que "no contratan al personal que se requiere en los pliegos; un caso de ello es, por ejemplo, el Camp San José de las Longueras que desde que ha asumido la gestión no ha puesto al fisioterapeuta en turno de tarde que se requiere".

Recorte de personal

A ello se suma, "el recorte de personal en los pliegos de condiciones, dejando aspectos como la limpieza y el cuidado de la vigilancia de los centros en mano de trabajadores no contratados para ello".

También critican la inexistencia en muchos de los centros del protocolo de evacuación en caso de incendio y medidas preventivas oportunas, así como trabajadores no dados de alta en la seguridad social.

El sindicato denuncia el incumplimiento de ratios de los profesionales necesarios por usuarios, el retraso en el cobro de nóminas, y la falta de material, tanto en fungible (guantes, pañales, toallas, etc.) como de primeros auxilios, educativo, rehabilitador, etc.

Además de "la persecución sindical que reciben algunos miembros de comités de empresas por reivindicar, no sólo los derechos de los trabajadores, sino los propios intereses de los usuarios. Inclusive llegando al despido", añaden.

La organización precisa que los centros afectados en la provincia de Las Palmas son Camp Reina Sofía, Camp San José de las Longueras, Camp el Tablero, Camp Padre Cueto, Camf Arucas, La Casita (Fundación Canaria Sagrada Familia); y Los Ruiseñores( Fundación Canaria Sagrada Familia).

Por su parte, los centros en la provincia de Santa Cruz de Tenerife son Camp el Sauzal, Camp La Cuesta y Hermano Pedro (Fundación Canaria Sagrada Familia).