El TS archiva una querella contra el ex alcalde de La Rinconada por irregularidades urbanísticas

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha archivado una querella interpuesta contra el ex alcalde de La Rinconada (Sevilla) y senador en las Cortes Generales Enrique Abad Benedicto (PSOE), al que los querellantes acusaban de haberse puesto de acuerdo, junto a otras personas, para adquirir, "forzando los cauces legales o incluso al margen de los mismos y por precios inferiores a los de mercado, la totalidad de los terrenos de Pago del Medio", todo ello al objeto de "controlar el desarrollo urbanístico de la zona, comprendiendo la vivienda de protección oficial pero también la vivienda libre".

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha archivado una querella interpuesta contra el ex alcalde de La Rinconada (Sevilla) y senador en las Cortes Generales Enrique Abad Benedicto (PSOE), al que los querellantes acusaban de haberse puesto de acuerdo, junto a otras personas, para adquirir, "forzando los cauces legales o incluso al margen de los mismos y por precios inferiores a los de mercado, la totalidad de los terrenos de Pago del Medio", todo ello al objeto de "controlar el desarrollo urbanístico de la zona, comprendiendo la vivienda de protección oficial pero también la vivienda libre".

En este sentido, la querella va dirigida también contra la ex consejera de Obras Públicas de la Junta Concepción Gutiérrez; el actual alcalde de la localidad, Francisco Fernández de los Ríos, y contra concejales socialistas de dos equipos municipales diferentes, así como contra la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) y el propio Ayuntamiento de la Rinconada, a los que los querellantes acusaban de los presuntos delitos de coacciones, prevaricación, expropiación ilegal y malversación.

En un auto emitido el pasado día 11 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, el Supremo se pronuncia únicamente sobre el caso del ex alcalde de La Rinconada, debido a su condición de senador y por tanto de aforado, y procede a inadmitir la queerella y a archivar la causa, tal y como había solicitado la Fiscalía al entender que los hechos descritos no son constitutivos de delito. Asimismo, y respecto al resto de los querellados, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se declara incompetente.

De este modo, los querellantes aseguran en su escrito que "habrían recibido un trato económico discriminatorio, concretado en la oferta de precios muy bajos, con la advertencia de que, de no pasar por ellos, serían expropiados, como efectivamente lo fueron", todo ello además "tratando las fincas como rústicas, sin serlo, y siguiendo el procedimiento de tasación conjunta con el pretexto de la similitud de las características de las mismas, que no era real", por lo que los afectados "tuvieron que oponerse".

Según los querellantes, el Ayuntamiento de La Rinconada, "contando con la colaboración" de EPSA, "expropió a una treintena de agricultores, en ciertos casos por la vía de urgencia, pagando precios sensiblemente inferiores a los de otros casos, para el desarrollo de una actuación urbanística que todavía estaría pendiente de ejecución", siendo la primera "irregularidad" el hecho de "utilizar una expropiación ilegal para privar a los propietarios legítimos de una explotación agraria de terrenos que, una vez en manos municipales, habrían pasado a otras públicas para mantener la misma dedicación". COACCIONES

Los querellantes entendían que este modo de proceder sería constitutivo de un delito de coacciones, "destinado a servir como instrumento para la incorporación al patrimonio público del suelo expropiado, en el que no se iba a hacer ningún tipo de obra pública en beneficio del municipio y sus habitantes, pues el único propósito perseguido era controlar el 100 por cien del desarrollo urbanístico de la zona", para lo cual el Ayuntamiento de La Rinconada adoptó a partir de 2003 diversos acuerdos que culminaron con la ocupación de los terrenos en 2005.

Sin embargo, el fiscal se opuso a la admisión de la querella por presentar "de manera poco ordenada, sin reflejar actos concretos ni revelar indicios suficientes, toda una actuación urbanística", argumentando el Supremo que el Ministerio Público "tiene razón al señalar la falta de orden en la exposición, así como en la patente falta de indicios de actividad delictiva".

El Supremo indica que, en la querella, "se tacha indiscriminadamente, no sólo de ilegal, sino de penalmente relevante toda una política urbanística municipal, y no sólo municipal, que se presenta como lineal desarrollo de un verdadero proyecto criminal perpetrado durante años al margen de todo control administrativo", cuando, según el Supremo, "lo cierto es que se trata de actuaciones con la previsión legal de trámites de información pública y posibilidades de recurso, es decir, de mecanismos hábiles para corregir eventuales desviaciones de la legalidad".

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