El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, ha afirmado este lunes que la Ley sobre las sentencias de derribo aprobada por el Parlamento regional es "un paso adelante" y ha instado a los ayuntamientos a "no dejar pasar ni un minuto" para promover las modificaciones urbanísticas que permitan, según los casos, reclasificar los suelos afectados.

En declaraciones a los periodistas tras aprobarse la iniciativa en la Cámara, Mazón ha reconocido que este paso "ha tardado bastante", pero ha subrayado que "siempre" ha tratado de "acelerar un poco" los trámites, "incluso acortando el trabajo" de la Comisión de Seguimiento y el grupo de trabajo.

En cualquier caso, ha considerado que ahora "hay que mirar adelante" y, en este sentido, ha animado a los municipios afectados a ponerse manos a la obra.

Según dice, con esta "herramienta" los ayuntamientos podrán aprobar algunas modificaciones puntuales de su planeamiento que afectarán directamente a urbanizaciones "que tienen algún problema inminente".

En este sentido, ha recalcado que son los ayuntamientos "los que tienen que actuar", porque las sentencias de derribo afectan a licencias declaradas ilegales porque los planeamientos urbanísticos en los que se apoyaron no eran correctos. "Y eso es lo que hay que corregir", sostiene.

Por ello, pide a los alcaldes que "no dejen pasar ni un minuto" y desde la Consejería se compromete a "trabajar con ellos" en todos los pasos que dependan de dicho departamento y también en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU).

Mazón ha recordado que esta iniciativa no servirá sólo para estos casos concretos, sino que tendrá una aplicación mayor. Se completará además con otros instrumentos, por ejemplo, el proyecto de ley que prepara el Gobierno en relación a las Marismas de Santoña, en la zona de Argoños, un texto para cuya redacción ya se han iniciado los trámites.

Y en cuanto a las indemnizaciones y la iniciativa parlamentaria que insta al Gobierno a asegurar su pago antes del derribo efectivo de las viviendas, el consejero ha considera que "no es el momento de empezar a hablar". A su juicio, se trata de un procedimiento "complejo", que en algunos casos ya está "abierto", en el que habrá que estudiar "caso a caso", porque no todas las situaciones son iguales.

Por lo que respecta al importe, ha señalado que la Consejería tiene ya una evaluación interna, pero prefiere no darla a conocer porque cada parte tiene su propia evaluación y "no es el momento de discutir cifras".