La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, ha explicado que después del cese de las emisiones de televisión con tecnología analógica terrestre, la Generalitat "está articulando los mecanismos necesarios" para el control del cumplimiento de la normativa sobre televisión y la sanción de las irregularidades, y se ha dado prioridad a las actuaciones con relación a las emisiones de Televisión Digital Terrestre (TDT) que no tienen la concesión o licencia administrativa necesaria.

Sánchez de León se ha pronunciado de esta manera en una respuesta parlamentaria a las preguntas formuladas por el portavoz de Compromís, Enric Morera sobre las labores de la Generalitat para que las televisiones que emiten en TDT cumplan con los "objetivos legales" en el uso del valenciano y de tener un "25 por ciento de producción propia".

En este sentido, la portavoz del Consell ha explicado que las televisiones que emiten en TDT "no tienen la obligación legal" de emitir un 25% de la programación con producción propia, ni tampoco se incluye ninguna obligación del sector audiovisual ni en el pliego de cláusulas administrativas particulares del concurso por el que se otorgaron las concesiones de televisión digital terrestre local en la Comunitat Valenciana.

En cuanto al valenciano en la programación de las televisiones locales, la ley no establece ningún porcentaje en su utilización, ha asegurado, sino que es el pliego de cláusulas administrativas particulares del concurso por el que se otorgó las concesiones el que establece la obligación de uso del valenciano en cada una de las franjas horarias de programación, y la fija en el 25% del tiempo de emisión, como mínimo, con la excepción de las demarcaciones con predominio hispanohablante.

Asimismo, informa de que después del cese de las emisiones de televisión con tecnología analógica terrestre, la Generalitat "está articulando los mecanismos necesarios" para el control del cumplimiento de la normativa sobre televisión y la sanción de las irregularidades, y se ha dado prioridad a las actuaciones con relación a las emisiones de televisión digital terrestre que no tienen la concesión o licencia administrativa necesaria.