Pascual apunta a un sobrecoste de 18 millones por el desdoblamiento Palma-Manacor pero niega un desvío de fondos

El imputado niega haber detectado presuntas irregularidades que pudieran haberse cometido en la ejecución del desdoblamiento

El ex vicepresidente y ex responsable de Obras Públicas y Carreteras en el Consell de Mallorca, Antoni Pascual (UM), ha afirmado este viernes ante la jueza que instruye el caso Peaje que durante el proceso de desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor (antigua C-715), realizado la pasada legislatura, se produjo un desfase de 18 millones de euros -frente a los 23 que postulan los investigadores-, aunque ha negado un desvío de fondos desde la Institución a fines particulares y ha responsabilizado del sobrecoste a la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada del proyecto.

Durante su comparecencia ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5, Ana San José, el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán y varios de los letrados personados en la causa, el imputado ha negado en cualquier caso haber detectado que, mientras ostentaba estos cargos durante la pasada legislatura, se hubieran cometido posibles irregularidades durante la reforma y modernización de la carretera, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

En su declaración, que se ha prolongado por espacio de cerca de tres horas, el encausado, asistido por el letrado Eduardo Valdivia, explicó con detalle cómo se produjo el proceso de adjudicación y ejecución de los trabajos, defendiendo en todo momento su legalidad, al ser inquirido sobre el supuesto desvío de caudales públicos a obras privadas que fueron facturadas como si se tratase de trabajos de la carretera, cuestión en la que se centran las investigaciones.

En concreto, el nombre de Pascual aparece reflejado junto al de otras 15 personas en la querella que interpuso el Ministerio Público en marzo del pasado año a raíz del supuesto desfase producido sobre la cantidad presupuestada para el proyecto, que corrió a cargo de la UTE Desdoblamiento C-715. Los delitos que constan en la denuncia son los de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho y falsedad en documento mercantil.

Durante la comparecencia, el ex vicepresidente ha explicado que la adjudicación de los trabajos de reforma y mantenimiento recayó en manos de la empresa Pamasa, que debía efectuarlos por un presupuesto de 140 millones de euros -a pagar en treinta años junto a un canon por el denominado 'peaje en sombra'-. Posteriormente, Pamasa contrató las obras a la UTE que se encargó del proyecto y que estaba formada por Melchor Mascaró, Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN, Aglomsa, Itinere Infraestructuras, MAB y Sacyr.

Fue una vez finalizadas las obras cuando, ha explicado, se llevó a cabo su liquidación mediante un estado de mediciones y éste arrojó un desfase de unos 18 millones respecto al presupuesto inicial, fruto de los modificados que la UTE llevó a cabo por imprevistos que fueron surgiendo en los trabajos. Además, ha atribuido este sobrecoste a la adjudicación del mantenimiento, también a Pamasa, de tramos que no estaban contemplados en el proyecto inicial.

No obstante, ha aseverado que para compensar este desfase, tras efectuarse la liquidación el Consell acordó con Pamasa que el coste del proyecto lo abonaría la institución supramunicipal con carácter anual a la concesionaria durante 33 años, en lugar de los 30 inicialmente establecidos.

Pista de futbito en casa del celador y otros favores

Ya en relación a los presuntos favores que las empresas encargadas de la ejecución habrían realizado a los responsables del Consell, Pascual negó haber sospechado nada acerca de que parte del dinero para las obras se destinase a la instalación de un campo de futbito y de dos torres de focos en la casa del celador de la vía, Gabriel Mestre -también imputado y defendido por Josep de Luis-. Sí recordó haber asistido a una comida en casa de Mestre, a la que acudieron responsables de las obras, aunque manifestó no recordar el tipo de comida ofrecida en el convite cuando fue inquirido sobre ello.

En esta misma línea, aseguró desconocer que obreros que trabajaban en la carretera (actual MA-15) hubieran descargado camiones de tierra, procedente de las obras, en la finca del ex director insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar, encausado en esta oporación y asistido por Josep Zaforteza. Se da la circunstancia de que Aguiar fue máximo ejecutivo de Melchor Mascaró, una de las empresas que integraban la UTE. 16 QUERELLADOS

Cabe recordar que la operación se saldó en marzo de 2009 con la detención de 18 personas, quienes quedaron en libertad con cargos excepto los funcionarios de la Institución insular Francisco Orejudo y Gabriel Mestre, que eludieron ingresar en prisión tras depositar fianzas de 125.000 y 75.000 euros, respectivamente. A partir de ese momento la Fiscalía ha estado estudiando toda la documentación intervenida para determinar las presuntas implicaciones de los detenidos en el caso.

En concreto, en la querella de la Fiscalía figuran como imputados, además de Pascual, Orejudo, Mestre y Aguiar, el administrador de la UTE; los jefes de obra Javier Navarro y Jerónimo Gutiérrez; el administrador de una promotora de Manacor; el de Electro Hidráulica; el de la constructora de Montuïri Germans Cloquell; los de Pozos Sa Pobla, Miquel Pasqual, Sebastià Payeras y Antoni Reus; el de una carpintería, Damià Nicolau; el de una empresa de marés, Antoni Riera, y el administrador de la empresa Safyr.

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