El presidente y propietario de Grup Trui, Miquel Jaume, ha eludido ingresar en prisión tras abonar este viernes la fianza de 15.000 euros que el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, le impuso el pasado miércoles por su presunta vinculación con las supuestas irregularidades cometidas la pasada legislatura en torno al Instituto Balear de Turismo (Ibatur) e investigadas en el marco de la Operación Pasarela.

En concreto, Jaume ha acudido esta mañana a los Juzgados de Vía Alemania junto a su abogado, Javier Blas, para hacer efectiva la caución, pese a que disponía de plazo hasta el mediodía del próximo lunes para depositarla. Sobre el encausado, detenido el pasado lunes por agentes de la Policía Nacional, pesan los presuntos delitos de cohecho, fraude y falsedad en documento mercantil.

Tras interrogar durante más de dos horas a Jaume sobre el supuesto pago de comisiones a los ex responsables del Ibatur por la organización y el montaje de la mayoría de stands de promoción turística que se llevaron a cabo durante el anterior Govern de Jaume Matas, y por lo cual esta empresa habría facturado millones de euros, el juez decretó además la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer ante los Juzgados el día 1 y 15 de cada mes.

Jaume, que durante su declaración negó haber pagado comisiones a cambio de su contratación, permaneció durante dos días en los calabozos de la Policía Nacional, después de que fuera arrestado el pasado lunes y estuviera presente en el registro que la policía judicial y los fiscales anticorrupción efectuaron en la sede de su grupo empresarial, ubicado en la calle Licorers del Polígono de Marratxí.

Con Jaume, un total de 16 personas han sido arrestadas en el marco de la Operación Pasarela, que investiga las adjudicaciones presuntamente irregulares a distintas empresas contratadas para actos de promoción de las islas y otros eventos durante la pasada legislatura, entre las que se encontraría Trui.

Entre los arrestados, se encuentran los ex gerentes del Ibatur, Juan Carlos Alía y R.A., el ex secretario y ex asesor jurídico de la empresa pública, Miquel Àngel Bonet, uno de los socios propietarios del grupo Clave Comunicación, Juan Velasco, y el empresario de relaciones públicas Kamal Dorai.

También han sido detenidos el socio de Clave Alberto Vergés, cuatro jefes de diferentes secciones del Ibatur, F.T.B., L. S., A.G. y P.P.; el empresario de Gestora Balear de Negocios, José Calvo; el presunto testaferro de éste, Mariano Villalba; la mujer de Kamal Dorai, Francisca J; el propietario de la productora Spiral, Guillem Deyà, y el de la empresa Centro de Comunicación Creativa, Bartolomé Morey.

Se da la circunstancia de que Alía ha sido el primer imputado en ingresar en prisión, después de que el pasado sábado el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, decretase su privación de libertad sin fianza tras la declaración efectuada por Morey, quien implicó al ex director gerente en los hechos indagados en esta presunta trama de corrupción.

Según las investigaciones del caso, Alía habría exigido comisiones de entre el 10 y el 15 por ciento por los diversos contratos adjudicados desde su departamento. El caso, que se encuentra bajo secreto de sumario, fue abierto el pasado mes de junio.