Los contratistas advierten de que los recortes supondrán la pérdida de 7.161 empleos y 211 millones menos de recaudación

De Blas espera que el "error" se "rectifique" aunque augura nuevos anuncios en septiembre que harán que en 2011 el sector esté "parado"
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La Cámara de Contratistas cifró hoy en 7.161 los empleos que se perderán con la anulación y rescisión de siete obras proyectadas por el Ministerio de Fomento en la Comunidad así como en 211 los millones que la administración dejará de percibir con cargo a la recaudación fiscal.

Según los datos aportados por el secretario general de la Cámara, Luis Valerio, las cuatro obras en autovías rescindidas se traducen en la pérdida de 3.363 empleos mientras que los tres tramos ferroviarios suprimidos conllevarán la desaparición de otros 3.797, en ambos casos tanto directos como indirectos —la media es de 20 empleos directos e indirectos por millón de obra—.

Asimismo, las administraciones dejarán de percibir 211,2 millones de retorno fiscal, es decir, las cantidades que la administración recoge de las obras que se adjudican con cargo a impuestos como el IVA, consumos intermedios, IRPF, las cotizaciones sociales de los trabajadores y el Impuesto de Sociedades, entre otros.

Valerio añadió, además, que en el caso de los cuatro tramos de autovía rescindidos la Administración tendrá que pagar a las empresas un lucro censante de 7,2 millones de euros a los que habrá que sumar, advirtió, las indemnizaciones establecidas por ley.

No obstante la presidenta de la Cámara de Contratistas, Isabel de Blas, quien esperó que el "error" del recorte dado a conocer ayer por el ministro José Blanco se "rectifique", auguró el anuncio de nuevas medidas en la misma línea para el próximo mes de septiembre lo que provocaría, añadió, que en 2011 el sector esté "parado".

El "drama" se centrará, consideró, en la pérdida de empleos y el posible cierre de empresas, punto que aprovechó para aclarar que la fórmula mixta de financiación constituye una alternativa pero que las compañías del sector, mayoritariamente pyme (el 90 por ciento), tendrán que abordar previamente aspectos como la financiación o la reestructuración.

Además, aseveró que la paralización de obras supone un gasto "tan tremendo" que carece de sentido optar por este extremo y calificó de "duro aldabonazo" la decisión de Fomento de recortar el calendario de infraestructuras cuando, añadió, éstas son un elemento "vertebrador" del territorio que además condicionan su desarrollo "económico y social".

A su juicio, no es "de recibo" que el Gobierno confunda la inversión con el gasto ya que la paralización o supresión de infraestructuras conllevará la pérdida de "miles" de empleos y cierre de empresas ante los que la Cámara, concluyó, prepara ya alternativas de "viabilidad".

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