El ministro de Fomento, José Blanco, señaló que va a llevar este viernes al Consejo de Ministros un real decreto para regular la asignación de servicios de control de tránsito aéreo a nuevos proveedores privados, de forma que salgan a concurso en octubre y el proceso de selección pueda completarse antes de final de año.

Esta actuación está contemplada en la nueva ley de Navegación Aérea que permite la liberalización de este servicio en los aeropuertos españoles y establece, por tanto, que cualquier proveedor certificado en un Estado pueda dar servicio en cualquier otro miembro de la Unión.

Respecto a la situación actual de los controladores, el representante de IU, Gaspar Llamazares, acusó al ministro de actuar con "manus militari" en este asunto.

Llamazares añadió que no es contrario a la abolición de los privilegios, pero que actuar de la forma que se ha hecho con ello "me da miedo", porque cualquier día se aplica esa forma "a mi o al resto de los trabajadores".

Así mismo, la opción anunciada hace unos días por Blanco de poder utilizar de forma "excepcional" a los controladores militares, "no es una medida que nos guste", dijo.

Blanco respondió al diputado que lo importante es que si hay alguien que no cumpla su función, se puedan suplir para garantizar un servicio público, y que eso se pude garantizar con los controladores militares, actuando en condiciones de seguridad y prestación del servicio.

Para el ministro, las decisiones que se tomen van destinadas a defender siempre "el interés general por encima del particular" y se mostró tajante cuando aludió a las causas aducidas por los controladores para el absentismo, como el estrés y la fatiga, y que "son incompatibles con ser controlador aéreo".

"Los controladores deben superar una serie de pruebas psicofísicas incompatibles con el estrés", por lo que si éste se produce, "habrá que replantearse si cumplen los requisitos" para el ejercicio de su profesión, indicó.

"Hay profesiones que tienen algunas incompatibilidades y ésta es una, por lo tanto habrá personas que deberán coger no una baja temporal, sino una definitiva", remarcó.

El ministro aludió a que se trata de solucionar un tema que viene de años atrás y que su actuación no es sino la de defender los derechos que tienen los ciudadanos.