La plataforma social 'Nosotros También Somos Sevilla', que agrupa a distintos colectivos del Polígono Sur, advirtió hoy de que "no es posible" que las familias pertenecientes al clan de los 'Caracoleños', —exiliado de este barrio entre abril y agosto de 2009 tras un tiroteo en el que murió un menor de etnia gitana—, "se integren, reinserten y convivan" en esta zona desfavorecida de la ciudad, por lo que ante los desalojos promovidos por el Juzgado de Instrucción número ocho por la ocupación ilegal de unas 41 viviendas públicas, la organización reclamó a las administraciones "una salida digna" para estas personas.

En un comunicado, la organización advirtió de que transcurridos seis años desde que el colectivo de familias desembarcase en el Polígono Sur tras el desalojo del poblado chabolista de Los Bermejales, ha quedado patente que "no es posible la convivencia y no son posibles ni la integración ni la reinserción" de estas familias "en este lugar".

Entretanto, el Juzgado de Instrucción número ocho ha finalizado ya con las comparecencias de estas personas a cuenta de la denuncia formulada contra ellos por la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), debido a la supuesta ocupación irregular de las viviendas públicas del Polígono Sur que adquirieron a terceros gracias al dinero entregado por el Ayuntamiento de Sevilla para el desalojo del mencionado asentamiento chabolista. Tales viviendas fueron abandonadas entre abril y julio de 2009 como consecuencia del citado éxodo, pero a su regreso estas familias rompieron los precintos dispuestos por EPSA en estos inmuebles de titularidad autonómica.

Dados los plazos para el desalojo voluntario de las viviendas dictados por la mencionada instancia judicial, 'Nosotros También Somos Sevilla' reclamó a las administraciones que "eviten los lamentables sucesos ocurridos desde abril a julio del año pasado, en que estas familias fueron desalojadas de distintos lugares como si fueran un rebaño que hay que ocultar". Así, reclamó la organización "una salida digna" para estas familias.

En concreto, la organización propuso que las familias tengan a su disposición "todos los recursos necesarios para que puedan vivir con dignidad. Lo que implica dotarlas de una vivienda y acometer un trabajo de reinserción que consiga su total autonomía". Sin embargo, tal salida habría de ser consumada fuera del Polígono Sur, pues "los años y la historia muestran que esta opción no es posible".

José Estanislao López, el abogado que representa los intereses de este colectivo de etnia gitana, ha informado de su lado a Europa Press de que todos los plazos de desalojo voluntario de las viviendas están siendo recurridos al objeto de que no se hagan efectivos.

Del poblado de los bermejales a las órdenes de desalojo

Estas familias, que en 2004 protagonizaron el polémico desalojo del poblado chabolista de Los Bermejales al entregarles el Consistorio hispalense partidas de 42.000 euros por su marcha, se auto exiliaron del Polígono Sur en abril de 2009 por temor a represalias ante la muerte de un menor en un tiroteo, pero el 31 de julio de aquel año, tras todo un éxodo chabolista, regresaron a las viviendas que antiguamente ocupaban pese a haber sido precintadas por EPSA. Durante y después del éxodo, periodo en el que habitaron diversos asentamientos chabolistas, la ya extinta Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio inició una investigación administrativa en torno a la situación y el régimen de las 41 viviendas públicas habitadas por estas familias

De la mencionada investigación administrativa, cabe recordarlo, se desprende que al menos 36 de las 41 familias que componen el clan y que ocupaban desde aproximadamente 2004 estas viviendas públicas carecían de vinculo legal alguno con los pisos en cuestión. En concreto, la administración autonómica resolvió positivamente en cinco de los 41 expedientes instruidos para determinar la propiedad y regularización de las viviendas, mientras que en 36 casos no se pudo demostrar la propiedad de los ocupantes. De los cinco casos con resolución positiva, no obstante, una familia renunció a la vivienda y otra no pertenecía propiamente al colectivo de chabolistas.