El arreglo de tres caminos rurales afectados por las inundaciones, que contarán con la financiación de la Diputación y con un presupuesto de 50.000 euros para los tres municipios fue el acuerdo adoptado por el presidente de la institución, Fernando Martínez Maíllo, que se reunió esta mañana con los alcaldes de Camarzana de Tera, Manganeses de la Polvorosa y Milles de la Polvorosa.

Esta actuación de la Diputación fue acordada en una reunión celebrada en Benavente la pasada semana con los 21 ayuntamientos excluidos de las ayudas concedidas por el Gobierno y que consiste en que la institución acordaría de forma individual con cada municipio la ejecución de, al menos, una obra de las presentadas a la convocatoria de la Administración central.

Para tal fin, según, anunció el presidente de la Diputación, la institución provincial habilitaría la cantidad de 200.000 euros, con la que se financiaría en un porcentaje similar al de las obras que sí habían sido incluidas en el decreto de inundaciones. Martínez Maíllo volvió a insistir tras la reunión celebrada con los alcaldes de Camarcana de Tera, Manganeses y Milles de la Polvorosa que la Diputación como tal se encuentra satisfecha con la cuantía aprobada para sus actuaciones, pero no con la discriminación que han sufrido los 21 ayuntamientos excluidos.

"Es absolutamente notorio que han sufrido daños por inundaciones y, por eso es incomprensible e injusta la exclusión de estos 21 ayuntamientos", indicó el presidente de la Diputación, quien señaló que estos tres ayuntamientos junto con el de Morales del Rey han sido, probablemente los más afectados y, por tanto, "los más injustamente tratados".

Por otra parte, adelantó que se van a continuar las reuniones, ya que la Diputación va a apoyar a todos los municipios, sin distinción política, y que seguramente se actuarían en más caminos rurales, ya que han sido las infraestructuras más dañadas lo que perjudica especialmente a los agricultores y ganaderos.

En este sentido, recordó el acuerdo adoptado en la pasada reunión celebrada en Benavente por el que los ayuntamientos van a presentar una reclamación previa a la Subdelegación del Gobierno para que informe de forma certera sobre los criterios que se han tenido en cuenta para incluir a unos ayuntamientos y excluir a otros.