Los grupos de la oposición —PSdeG y BNG— han censurado este martes la implantación del nuevo canon del agua que gravará "por igual" a todos los ciudadanos y, en especial, a los habitantes del medio rural, cuyas infraestructuras hidráulicas tienen unas especificidades. No obstante, el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, ha defendido este impuesto para garantizar el suministro del agua de calidad y un buen estado de las aguas y ofrece diálogo para conseguir una normativa "duradera y eficaz".

Con estos planteamientos ha entrado a trámite en el Parlamento la Ley de Aguas de Galicia, pese a la presentación de sendas enmiendas de devolución por parte de socialistas y nacionalistas, quienes rechazan un texto que "no recoge las especificidades" de la comunidad. Paralelamente, el diputado del PPdeG Daniel Varela ha tendido la mano para introducir cambios en la normativa que ahora se debatirá en comisión, pero ha advertido de que "mejorar no es rechazar".

Por su parte, el conselleiro de Medio Ambiente ha insistido en que el proyecto de ley pretende resolver las deficiencias detectadas en el vigente marco legislativo y de gestión de la Administración hidráulica de Galicia y la adaptación a la directiva marco del agua. Asimismo, ha hecho hincapié en que la ley garantiza el carácter "finalista" del canon del agua, que se "invertirá en su totalidad en el cumplimiento a la planificación hidráulica gallega". (

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