El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, ha trasladado este martes al presidente del PP-A, Javier Arenas, su preocupación por los "ajustes con cargo a la inversión pública" que se están planteando desde las administraciones central y autonómica, con "consecuencias nefastas" para el tejido productivo y sectores como el de la construcción.

En rueda de prensa tras la reunión que mantuvieron las direcciones de la CEA y del PP-A, Santiago Herrero manifestó que el hecho de que no se esté pagando desde las administraciones a empresas contratistas puede ser nefasto para las empresas andaluzas, muchas de las cuales difícilmente podrán superar la situación.

Para Santiago Herrero, reducir las inversiones públicas es una forma de reducir la actividad económica en la comunidad y opinó que hay mucho espacio en otros campos, que no tiene por qué ser el de las políticas sociales, para llevar a cabo ajustes importantes y reducción del gasto, como en el sector público empresarial andaluz o en la "administración paralela".

Tanto en el sector público empresarial como en la "administración paralela", según opinó, "hay mucho campo para reducir, antes que plantear una reducción en las inversiones, un aumento de los impuestos o la implantación de tasas.

Por su parte, Javier Arenas, que hizo entrega a la dirección de la CEA del documento sobre Plan económico-financiero de reequilibrio de la Junta, expresó su coincidencia con la preocupación de los empresarios sobre este asunto de la inversiones, poniendo de manifiesto que muchas empresas pueden cerrar por la morosidad de las administraciones públicas a la hora de pagarles.

Para el dirigente del PP-A, es preocupante que la Junta plantee una "reducción" de la inversión pública entre este año y el próximo de 2.000 millones, al tiempo que la licitación pública ha caído en más de un 70 por ciento. En los dos últimos años, según el dirigente popular, se ha producido una considerable desviación presupuestaria, por cuanto el gasto corriente ha sido de 3.000 millones más de lo previsto y el gasto en inversión pública en 2.000 millones menos de lo previsto.

"Esto es terrible para la economía andaluza y para la creación de empleo", según sentenció Arenas, quien también hizo referencia a las medidas fiscales planteadas por el Gobierno de José Antonio Griñán, apuntando que suponen un incremento de impuestos para el "conjunto de los ciudadanos".

Tras anunciar que cuando llegue a la Presidencia de la Junta, suprimirá en Andalucía el impuesto de sucesiones y donaciones que hoy ya no pagan 20 millones de españoles de otras comunidades, recalcó que la política fiscal planteada por la Junta no facilita la llegada de inversores a la comunidad y puede incluso incentivar la salida de muchos de ellos.

Para Javier Arenas, es un "disparate" que en la comunidad se plantee una reducción de la inversión pública y del gasto social y no se afronte con todas las consecuencias una bajada del gasto corriente, que no afecte a sanidad, educación y servicios sociales. Según los datos que ofreció, la Junta prevé recaudar por impuestos, entre 2010-2013, 1.200 millones, de los que sólo 31 se refieren a IRPF, mientras que plantea un "recorte social" de 1.700 millones y una reducción del gasto corriente de sólo 214 millones, según apuntó.

Arenas y Herrero coincidieron en la necesidad de un plan extraordinario de austeridad en la administración andaluza; en la reforma de la administración pública, y en la puesta en marcha de un plan de racionalización del sector público empresarial.

Reforma laboral

De otro lado, durante la reunión también abordaron la reforma laboral planteada por el Gobierno central, en vista de que mañana termina el plazo para la presentación de enmiendas. Herrero abogó por la necesidad de hacer más atractivo el contrato indefinido; por generalizar su uso no penalizando la contratación temporal, y por evitar que se ponga límite temporal al contrato de obras y servicios. Además, consideró necesaria la flexibilidad interna de las empresas para que se puedan ajustar a las circunstancias del mercado laboral.

Por su parte, Javier Arenas abogó por más flexibilidad para los empresarios en la organización de su actividad productiva y por más estabilidad para los trabajadores. Señaló que los populares van a "exprimir" la reforma laboral que él mismo firmó en 1997 cuando fue ministro de Trabajo y que fue resultado del consenso. A su juicio, dicha reforma "da mucho de sí" todavía, mientras que Herrero expresó que la misma tiene bases para una mejora del proyecto de Ley de reforma laboral que se va a debatir.