El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha asegurado este lunes que el Consell "no descarta absolutamente nada" para evitar la existencia de "privilegios y servidumbres" entre comunidades autónomas, aunque ha precisado que la Generalitat no va a "reivindicar por reivindicar" y que la 'Cláusula Camps' —que permite actualizar en el Estatuto valenciano competencias que vayan adquiriendo otras comunidades— es "un instrumento más" a disposición del Ejecutivo autonómico.

Así lo ha indicado Castellano ante los medios tras la constitución de la Comisión de Expertos encargada de analizar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut de Cataluña, en una comparecencia en la que ha estado acompañado por la consellera de Justicia y Administraciones Públicas y portavoz del Consell, Paula Sánchez de León. El responsable de Gobernación ha indicado que los distintos grupos de trabajo de la comisión presentarán sus informes el próximo 27 de septiembre o, a más tardar, el 4 de octubre.

Según ha explicado, la Generalitat valora "en conjunto" la sentencia del Alto Tribunal sobre el Estatut ya que, a su juicio, "pone en valor la reforma del Estatuto valenciano de abril de 2006, basada en la igualdad, la solidaridad y la multilateralidad".

"No queremos entrar en ninguna guerra que no beneficiaría a nadie, ni decir quienes son los buenos o los malos", ha apuntado Castellano, que ha recalcado que el objetivo del Consell es "defender desde la justicia, igualdad y solidaridad los derechos de los valencianos".

Por ello, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico "no descarta absolutamente nada del abanico jurídico que hay sobre la mesa", aunque ha detallado que no va a "reivindicar por reivindicar" determinadas competencias "en las que no creemos y no hemos creído nunca", como la administración de justicia o las instituciones penitenciarias. "Estamos en la línea reivindicativa, no rupturista", ha aseverado.

Sin embargo, ha explicado que en determinadas materias "sensibles" como la financiación autonómica o el agua, el Gobierno valenciano "no va a permitir que ningún estatuto sirva como excusa para crear privilegios entre comunidades".

"un instrumento más"

En este sentido, Castellano ha señalado que la conocida como 'Cláusula Camps' es "un instrumento más" de entre todos los que brinda el Estado de derecho para ejercer esas reivindicaciones, un extremo que ha sido respaldado por Sánchez de León, quien ha recalcado que una vez el grupo de expertos emita su dictamen, "se reclamarán aquellas competencias que entendamos son acordes con la defensa de los intereses de los valencianos".

La titular de Justicia ha puesto como ejemplo la gestión de los depósitos judiciales —fianzas— que incorpora el Estatut catalán, un aspecto que "si interesa", se estudiaría "cuál es la fórmula adecuada para reclamarla".

No obstante, ha subrayado que, por el momento, el Consell "no ha pensado en la reforma del Estatuto valenciano, ya que "para asumir determinadas competencias no hace falta la reforma, sino que hay otras vías en la Constitución Española".

Por su parte, Castellano ha mostrado públicamente su "preocupación" por la intención del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de "burlar la sentencia del TC" y "legislar a la carta con fines electoralistas", lo que crea, en su opinión, "una preocupante indefinición e inseguridad jurídica".

Grupos de trabajo

En cualquier caso, los 12 vocales de las distintas secciones de la Comisión que se encargarán, según Sánchez de León, del "trazo fino" de la sentencia del TC, son la propia consellera de Justicia y la abogada general de la Generalitat, Isabel Villalonga, en la 'subcomisión' de Justicia y el catedrático de Derecho Financiero de la Universitat de València, Juan Martín Queralt, y el secretario autonómico de Economía José Manuel Vela, en el área de Financiación Autonómica.

Además, el abogado del estado José Marí Olano se encargará del archivo de la corona de Aragón, la profesora de Derecho Civil Rosa Moliner se encargará del apartado del agua y el presidente del Consejo Jurídico Consultivo (CJC), Vicente Garrido Mayol, se hará cargo de la subcomisión sobre 'Instituciones y Título I'.

Por último, el director de Gabinete de Presidencia, Pablo Landecho, se ocupará junto a Castellano del área de Administración Local, mientras que el presidente del Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana (CES), Rafael Cerdá, el registrador de la propiedad Vicente Carbonell, el notario Alfonso Maldonado y el propio Landecho se harán cargo del apartado de 'Competencias'.