El secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP) en Andalucía Occidental, Fernando Ramón Calderón, ha aseverado este sábado que los funcionarios policiales de esta demarcación están recibiendo presiones "de perfil amenazante" por parte, "al parecer", de responsables de la Jefatura Superior de Andalucía Occidental, todo ello como consecuencia del "descalabro" en las estadísticas policiales de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva.

En este sentido, Fernando Ramón Calderón informó a Europa Press de que la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, "considerada la segunda demarcación policial más importante de España" por parte de la Dirección General de la Policía, es la zona "donde más seguimiento hay de la protesta laboral iniciada bajo el eslogan 'Trabaja a reglamento'" iniciada a raíz de los recortes anunciados por el Gobierno, lo que ha provocado "descensos drásticos en las estadísticas operativas policiales".

Al hilo de ello, puso de manifiesto que los indicadores "que han encendido todas las alarmas" en la Dirección General de Policía "son aquellos que afectan a la eficacia y labor policial", por lo que "se están viendo afectados servicios como las radio patrullas pertenecientes a los Grupos de Atención al Ciudadano (GAC), las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) especializadas en orden público y las unidades de motos". "Es decir, se están viendo afectadas las unidades que mayor incidencia tienen en la seguridad pública", apostilló.

No obstante, Calderón quiso dejar claro que los ciudadanos "en situación de riesgo, o aquellas áreas sensibles relacionadas con el terrorismo, crimen organizado o asistencia a la mujer maltratada, no se verán afectadas por estas medidas de protesta, pero que, sin embargo, sí tienen su incidencia de forma global en determinados aspectos de la seguridad pública, como así lo demuestra el descenso de detenidos por delitos y faltas".

Tras remarcar que los agentes policiales "han entendido que aplicando escrupulosamente la normativa vigente, dado que no existe el derecho a huelga entre los funcionarios policiales, se cuenta con un arma legítima que siendo bien optimizada asegura el éxito", aseguró que "los mensajes a los policías, para que los funcionarios anulen la campaña de 'Trabajo a reglamento', son percibidos por estos como unas supuestas coacciones, ya que son veladamente amenazados con aperturas de expedientes sancionadores por supuesto bajo rendimiento".

Por todo ello, advirtió de que llevará las protestas a las puertas de la Delegación del Gobierno de Andalucía, con sede en Sevilla, a partir del mes de septiembre próximo, al objeto de exigir al delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, "que ponga fin a las supuestas medidas de presión que se están derivando a centenares de funcionarios policiales por el mal resultado de las estadísticas policiales, como consecuencia de la campaña de 'Trabaja a reglamento'", activada contra la decisión del Gobierno de recortarles sus sueldos.