El grupo parlamentario de CiU ha presentado un paquete de propuestas en el marco del Debate sobre el estado de la Nación en las que plantea reformar la normativa que regula las prestaciones por desempleo para condicionarlas a la aceptación de una oferta de trabajo, así como liberar durante dos años del pago de cuotas sociales a las empresas que creen empleo.

CiU explica que vincular las prestaciones a la aceptación de ofertas sólo entraría en vigor cuando la recuperación permita volver a crear empleo, pero además aboga por potenciar las políticas activas.

Así, apuesta por introducir mientras tanto bonificaciones del 100% durante dos años en las cotizaciones a la Seguridad Social que pagan las empresas para todo puesto de trabajo que suponga "creación neta de empleo".

Igualmente, reclama un proyecto de ley de reforma de la negociación colectiva —en caso de no incorporarse durante la tramitación parlamentaria de la reforma laboral— que permita una "mejor adaptación" a las pequeñas y medianas empresas y una "mayor vinculación" de los salarios con la productividad.

También exige que se cumplan las sentencias del Tribunal Constitucional que otorgan a las comunidades autónomas la gestión de políticas de empleo, como debe ocurrir con la gestión de la totalidad de recursos del FORCEM destinados a formación continúa.

CiU pide asimismo un plan en colaboración con las comunidades para la recolocación de entre 100.000 y 150.000 personas en paro procedentes de la construcción, a través de programas de formación que les permitan ser contratados en sectores demandantes de mano de obra como por ejemplo los de rehabilitación, instalación energética, seguridad, turismo, dependencia, entre otros.

Complementos al fondo de garantía de depósitos

CiU pretende además que el Gobierno adopte las "medidas necesarias" en el ámbito de la reestructuración del sistema financiero para garantizar su solvencia y capacidad de incrementar la liquidez de la actividad económica, especialmente hacia las pequeñas y medianas empresas y autónomos.

En este sentido insta al Gobierno a reducir los riesgos del sector inmobiliario en las entidades financieras y a facilitar la capitalización de las cajas de ahorro "con estricto respeto a las competencias" de las comunidades en esta materia.

Ante el debate europeo sobre las medidas a adoptar respecto el aumento de garantías del sistema financiero, CiU reclama que se refuerce el Fondo de Garantía de Depósitos, como instrumento preventivo en futuras crisis financieras, así como a estudiar la habilitación de un coeficiente que asegure el riesgo derivado de la financiación activa a largo plazo y la pasiva a corto plazo.

Además, urge al Gobierno a instrumentar la nueva línea de crédito ICO-morosidad para ayuntamientos prevista que las Cortes incluyeron en la Ley de Morosidad que el Congreso con el voto en contra del PSOE.

Reitera su negativa a cualquier subida de impuestos y reclama al Gobierno que exima del pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones las transmisiones a favor de familiares directos, para lo que también deberá compensar a las comunidades autónomas "en aplicación del principio de lealtad institucional", ya que es un impuesto transferido a las autonomías.

Asimismo, reclama al Gobierno que exima del pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones las transmisiones a favor de familiares directos, para lo que también deberá compensar a las comunidades autónomas "en aplicación del principio de lealtad institucional", ya que se trata de un impuesto transferido a las autonomías.