ERC, IU e ICV han registrado de manera conjunta un paquete de propuestas de resolución al Debate sobre el estado de la Nación con las que pretenden instar al Gobierno a que dé 'marcha atrás' en la reforma de las cajas de ahorro, preservando su naturaleza actual y evitando su "bancarización", así como a que retire la 'congelación' de las pensiones en 2011 y renuncie a elevar la edad legal de jubilación hasta los 67 años.

Los cinco diputados de estas formaciones quieren que se garantice la "gestión democrática" de las cajas y se refuerce su carácter "público" y vinculación a las comunidades

Además, piden que se implemente en España una tasa bancaria que permita constituir un "fondo de reserva" contra la crisis y fijar una "norma básica sobre banca pública" que suponga el "despliegue operativo directo" del Instituto de Crédito Oficial, fortalezca el carácter público de las cajas y abra las entidades privadas a la representación de los poderes públicos.

Rebaja de comisiones

Asimismo, persiguen que se cree el Comité de Supervisión de Retribuciones adscrito a la CNMV que el pasado junio pidió el Congreso a través de una moción suya que apoyó el PSOE y que se reduzcan las comisiones bancarias. Asimismo, reclaman que las ejecuciones hipotecarias sólo afecten a la vivienda sobre la que se concede el préstamo.

Las tres formaciones, que comparten grupo parlamentario, reclaman que se mantenga para 2011 la revalorización de las pensiones que suspendió el decreto de medidas de ajuste aprobado el pasado mayo por el Gobierno, y exigen que se mantenga la edad de jubilación en 65 años.

En materia laboral, también proponen una nueva prórroga del programa temporal de protección por desempleo para aquellos parados que hayan agotado el subsidio y las prestaciones, y cuya vigencia finaliza el próximo 15 de agosto.

Más impuestos

Asimismo, vuelven a reclamar un aumento del tipo máximo del IRPF hasta el 50% para las bases liquidables superiores a 100.000 euros, así como establecer un tramo mas en la tarifa del ahorro del 24% para bases liquidables superiores a 12.000 euros y recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio.

Además, instan a que se fije como objetivo a medio plazo la reducción del volumen de fraude fiscal en España hasta la media comunitaria, potenciando los recursos humanos de la Administración.