El Senado de EE UU aprobó este jueves, tras meses de intensas negociaciones, la reforma del sector financiero, que cambiará los métodos de supervisión de la banca por parte del Gobierno y es la más ambiciosa desde la Gran Depresión.

El grupo demócrata logró que el proyecto, de 2.300 páginas, contara con 60 votos a favor, mientras que 39 senadores republicanos votaron en contra.

Ahora, el texto será enviado para su firma, la próxima semana, al presidente Barack Obama, que se apunta así otro éxito político en su agenda, posiblemente el último antes de las elecciones legislativas de noviembre.

El voto de este jueves culmina un largo y complicado proceso, en el que la banca de Wall Street ha ejercido duras presiones para suavizar la regulación, y en el que los republicanos han peleado para que no aumentara la intervención pública en el sector financiero.

Durante el proceso de negociación iniciado hace meses, el Congreso estadounidense ha barajado varias versiones, si bien la aprobada hoy por el Senado recoge el consenso de las dos cámaras.

Cambios en todas las áreas

La ley reforma todas las áreas de los mercados financieros, desde cómo los consumidores obtienen sus hipotecas y las tarjetas de créditos, a cómo el Gobierno puede desmantelar una firma financiera que ha entrado en quiebra.

No obstante, cuando Obama firme el texto, el trabajo de reforma no habrá concluido, pues la ley tendrá que ser desarrollada con 533 reglamentos elaborados por las agencias reguladoras.

Serán precisamente esas normas las que determinarán cómo afectará la legislación a la banca y a los particulares, si bien la intención general es aumentar la protección del consumidor y vigilar más al sector para evitar que se cometan de nuevo los excesos que condujeron a la crisis financiera iniciada hace dos años.

En términos generales, la ley establece por primera vez una regulación de los derivados, unos mercados muy sofisticados que se situaron en el ojo del huracán durante el derrumbe financiero.

Además, se establecen muchos límites a la banca, entre ellos el de usar su propio dinero para invertir junto a sus clientes en mercados especulativos, y se les impone exigencias más duras a la hora de calibrar el riesgo o reforzar su capital.

También otorga al Gobierno la capacidad no sólo de intervenir entidades que estén al borde del colapso, sino también de someterlas a una liquidación ordenada. Además, establece nuevas reglas para la concesión de hipotecas, con objeto de prevenir los abusos que contribuyeron en el colapso del sector inmobiliario.

Uno de los pilares es la protección del consumidor, y sobre todo la propuesta del Gobierno de Obama de crear una agencia independiente encargada de vigilar la venta de productos financieros a los particulares.