La Fiscalía de Sevilla ha elevado una denuncia ante el Juzgado Decano de esta provincia contra la compañía 'Dental Line', al entender que esta empresa ha podido incurrir en un presunto delito de estafa continuada contra sus clientes en el conjunto de la comunidad andaluza, tras el cierre de sus clínicas a finales del pasado año.

Según el escrito de denuncia, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía de la Audiencia Provincial ha formulado su denuncia tras sostener que esta compañía ha cometido una infracción tipificada en los artículos 248.1, 250.6 y 74 del Código Penal, y después de que la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud elevase el caso al Ministerio Público por si existían indicios de delito.

En concreto, entre los presumibles fraudes a los que se enfrentan la compañía se encuentran el de "incumplimiento" en el presupuesto ofertado a sus clientes, solicitud de devolución de importe "por servicios no realizados", así como tratamientos "que no se han terminado por cierre".

Fuentes de la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud consultadas por Europa Press detallaron, por su parte, que desde el 1 de enero de 2009 hasta este mismo jueves, 15 de julio, se han presentado ya un total de 414 reclamaciones de usuarios de todas las provincias andaluzas, que han interpuesto sus quejas a través de estos servicios de Consumo de la Junta y contra las clínicas de la compañía que estaban asentadas en la comunidad.

Ya a finales del pasado año, Consumo y el Consejo Andaluz de Colegios de Dentistas acordaron evaluar los casos de afectados por el cierre de las clínicas de 'Dental Line' mediante la elaboración de informes sobre el grado de cumplimiento en la ejecución de los servicios contratados con dichos establecimientos.

Hasta la fecha (datos cerrados a junio de este año), los colegios han elaborado un total de 366 de estos informes de afectados por el cierre de clínicas, en los que se determina qué parte de los tratamientos está finalizada y qué parte no, a la par que están sirviendo como prueba a los usuarios, en su caso, a la hora de emprender la vía judicial para la resolución del conflicto si se opta por ella.

Entre los hechos que han ocasionado más estas quejas hasta ahora destacan el de "fraude" en la calidad de la prestación del servicio, "incumplimiento" en el presupuesto, solicitud de devolución de importe "por servicios no realizados" y tratamientos "que no se han terminado por cierre".

Junto a ello, la Consejería de Salud procedió en octubre de 2009 a abrir un expediente informativo a Dental Line para conocer cual era la incidencia que para las personas consumidoras en Andalucía ha tenido el cierre de clínicas de esta empresa, con la que los usuarios han contratado servicios y tratamientos.

A través de dicho expediente informativo se ha analizado también el estado de los créditos concertados por los consumidores con distintas entidades para la financiación de los tratamientos. La gran mayoría de las clínicas de Dental Line en la comunidad han sido asumidas por otros responsables y continúan su actividad.

Además, en los servicios provinciales de Consumo también comenzaron a iniciarse expedientes sancionadores, cuyas cuantías oscilan entre los 200 y los 30.000 euros, dependiendo de si la infracción es leve o tiene la consideración de grave.

La Administración andaluza ya advirtió que durante la labor realizada por parte de los inspectores de Consumo se constató, en algunos casos, "falta de colaboración e incluso obstrucción por parte de la empresa para llevar a cabo las funciones propias de la inspección de Consumo".