La jueza Carmen Valcarce ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo del 'caso del espionaje' al no acreditarse que ninguno de los imputados destinaron los bienes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior "de forma principal a actividades ajenas a la función pública", así como que no concurren "indicios de la presencia de ánimo de lucro, imprescindible en los tipos penales de malversación".

Este procedimiento arrancó el pasado mayo, cuando la juez incoó unas diligencias previas por un presunto delito de malversación de fondos públicos en relación con la denuncia presentada por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, el 29 de febrero de 2009.

La 'mano derecha' de Alberto Ruiz-Gallardón denunció haber sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008. En las diligencias se sumó la denuncia presentada por el ex consejero Alfredo Prada ante la Fiscalía de Madrid.

Los seguimientos en los que aparecen las notas manuscritas sobre matrículas corresponden a las contravigilancias realizadas sobre Prada en mayo de 2008 en Chinchón, donde tuvo una reunión con su equipo, y el 23 de mayo a Brea del Tajo.

Un caso muy mediático

Varios funcionarios y asesores de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior figuraban como imputados.

La magistrada Carmen Valcarce ha sido la instructora de este caso y la que ha llamado a declarar a los imputados, entre los que figuraban el ex director de Seguridad de la Comunidad, Sergio Gamón, que dimitió hace unas semanas por su implicación en el caso, y el funcionario José Manuel Pinto.

El origen del caso está en la publicación por el diario El País, a comienzos de 2009 de que algunos políticos madrileños habían sido seguidos por ex policías y ex guardias civiles realizaron trabajos de inteligencia e información para el actual consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados.

El caso llegó a los tribunales y a la Asamblea de Madrid, donde se creó una comisión de investigación que cerró sus trabajos anticipadamente.

Por el juzgado de instrucción número 5 de Madrid desfilaron los imputados, algunos de los cuales negaron haber espiado a políticos y explicaron que las coincidencias que reflejaba los partes policiales entre su posición y las de los supuestamente espiados obedecían a que custodiaban edificios oficiales en esa zona.

El funcionario José Manuel Pinto negó ser el autor de presuntos partes de seguimiento y Sergio Gamón también negó cualquier vinculación con el caso, que ahora ha sido cerrado por la juez.