Este nuevo cuerpo de funcionarios se asemejaría a los equipos de letrados de que disponen la Generalitat o el Estado para defender y representar sus intereses. Pero en el caso de los defensores públicos, actuarían en beneficio de ciudadanos con rentas bajas a quienes se les reconoce el derecho a la asistencia gratuita. Abogados y Administración coinciden en que este servicio, hoy por hoy, funciona a trancas y barrancas. Leyes como la de violencia doméstica, la del menor, los juicios rápidos o la atención a extranjeros requieren de más letrados, y esto ha provocado menos agilidad. A todo ello hay que añadirle los enormes costes que, según Justícia, ascendieron en 2004 a 36 millones de euros.

La decana del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Sílvia Giménez-Salinas, mostró sus reservas sobre que los defensores públicos puedan mantener su independencia.